Urge dignificar las condiciones de los trabajadores del Campo en Castilla la Mancha

Castilla-La Mancha es la tercera región española más extensa pero la novena en población y conserva un marcado carácter rural, puesto que más del 90% de la superficie tiene esta denominación. El peso del sector agrario es muy significativo en la economía regional; y también en nuestro marcado de trabajo.

El objetivo que pretendo con este artículo es analizar los problemas laborales específicos del sector agroalimentario en nuestra región. Muchos de ellos tienen su raíz en la pervivencia en nuestro país de un Régimen Especial de la Seguridad Social para los trabajadores del campo que además de desfasado es injusto y abre una enorme puerta al fraude, puerta siempre hay quien está dispuesto a cruzar en su propio beneficio.

Otros problemas, a veces sangrantes, impropios de la sociedad y el siglo en que vivimos, surgen de la especial importancia que tienen en nuestra región las campañas agrícolas, desde el ajo o el melón a la aceituna y la vendimia, que siguen requiriendo el uso puntual, pero muy intensivo, de miles de trabajadores temporeros agrarios, de los que buena parte son personas inmigrantes. La especial necesidad, debilidad y vulnerabilidad de este colectivo es también aprovechada por algunos asentadores y empresarios para lucrarse con la explotación mezquina e inmoral de otros seres humanos.

En recientes fechas hemos visto condiciones infames denunciadas por CCOO. La situación de 300 temporeros de la recogida de lechugas del campo en Pozo Cañada ha sido la más significativa -afortunadamente en esta ocasión nuestras denuncias han tenido una relevancia mediática grande, lo que ha ayudado a resolver la situación, a devolver la dignidad a los trabajadores.

Pero hay muchas más, como los asentamientos de temporeros inmigrantes en Las Pedroñeras, Cinco Casas, Tomelloso y Llanos del Caudillo cerca de Manzanares. En este sentido desde el sindicato hemos reclamado siempre la necesidad de garantizar alojamientos dignos para los trabajadores que se van desplazando a las distintas zonas para la recogida agrícola. No es de recibo reclamar la necesidad de que haya trabajadores nómadas a conveniencia empresarial y después ver como proliferan los asentamientos en condiciones lamentables.

Todas estas situaciones tienen un común denominador: la utilización y abuso de la pobreza humana para sacar beneficio empresarial.

Apuntar, por cierto, el grave obstáculo para la resolución de este problema que supone la “xenofobia oculta”; esa situación en la que la sociedad mira para otro lado si el que sufre es extranjero. Esto lo hemos visto claramente en las declaraciones del alcalde de Las Pedroñeras cuando relativizaba y minimizaba las detenciones e imputaciones por trata y explotación de seres humanos que se produjeron en su pueblo durante la recogida del ajo.

Por lo que respecta al Régimen Especial Agrario, ayuda poco a favorecer un sector laboral decente. Al contrario: facilita, propicia y prácticamente alienta la infracotización de las jornadas realizadas, en perjuicio tanto de la propia Seguridad Social, que no ingresa por cotizaciones todo lo que debería; como de los temporeros, a los que el sistema trata como trabajadores de tercera ya que les impide acceder a subsidios a los que tendrían derecho si sus patronos cotizaran las jornadas reales, al igual que verán muy reducida su pensión cuando alcancen la jubilación.

A la explotación laboral y los fraudes a la Seguridad Social se añaden los incumplimientos del convenio colectivo, al imponer los empresarios sistemas de cobro diario por el trabajo realizado al margen de los salarios y jornadas regulados en el convenio; lo que se viene denominando “trabajo a destajo”. Si las condiciones son impuestas por los empresarios, ya nos podemos imaginar a quién benefician.

Quiero remarcar que todo esto -la explotación de la necesidad y debilidad de los temporeros, la infracotización a la Seguridad Social, lo incumplimientos del convenio- perjudica también, y gravemente, a los empresarios que actúan dentro de la legalidad, que compiten en desventaja frente a los explotadores, los fraudulentos y los incumplidores.

A mi entender, hay que trabajar y mucho para dignificar las condiciones laborales en nuestro sector agrario. Aquí estamos llamados a colaborar los sindicatos y las patronales, las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales, la Inspección de Trabajo y los dispositivos del Ministerio del Interior (Policía Nacional, Guardia Civil)

Castilla-La Mancha no puede permitirse ser el foco de atención mediática por escenas denigrantes de explotación de trabajadores o por las condiciones infrahumanas de sus alojamientos. Por el contrario, tenemos que ser un ejemplo por la cantidad y calidad de unos productos alimentarios excepcionales, cultivados, recogidos y elaborados por empresas dignas con empleo digno.


Ángel León