La responsable de Justicia de CONTIGO, Yolanda Ramírez, se ha preguntado en qué realidad viven Juan Carlos Campo y el resto de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que, los trámites para indultar a los condenados del ‘procés’ y reformar el Código Penal para modificar el delito de sedición, “son cambios que se afrontan con normalidad democrática y que nuestra sociedad exige y reclama en materia de justicia”.
Ramírez ha considerado que, sin entrar en el fondo de la cuestión, “la única motivación de la decisión del Ejecutivo es la necesidad de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de dudosa viabilidad”. Además, ha añadido que “las necesidades de nuestra sociedad en materia de justicia están francamente lejos de esa modificación del Código Penal”, y que “están mucho más cerca de la imperiosa necesidad de modernización y dotación de más y mejores medios a nuestro sistema judicial”.
La secretaria nacional de Justicia de CONTIGO, como abogada de ejercicio, que sufre en carne propia las “insuficiencias y penurias del sistema”, agravadas por la pandemia, se ha mostrado convencida de que “todos estos fuegos de artificio no dejan de ser elementos que, por lo polémicos y controvertidos que resultan, distraen la atención de los ciudadanos ante sus auténticos problemas, tanto en materia de justicia como en los de carácter económico, laboral, sanitario, educativo y social en general”.
A Ramírez no deja de llamarle la atención que miembros del Ejecutivo nacional, hartos de decir que legislar en caliente es imprudente, les resulte prioritaria la modificación del Código Penal en lo referido a los delitos de sedición y rebelión. “Es increíble que se inicien estos trámites cuando España atraviesa una crisis nunca vista, con efectos y consecuencias mucho peores que la de 2008 y cuyos efectos aún no estaban superados”, ha destacado.
Desde CONTIGO, y desde su secretaría nacional de Justicia, se ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia en particular, que dediquen sus esfuerzos en materia de justicia a la dotación de los medios imprescindibles para su modernización, para la agilización de sus procedimientos y para que los operadores (jueces, procuradores, abogados y funcionarios) cuenten con los medios adecuados y necesarios para que se atiendan las verdaderas demandas sociales. “Una justicia que resuelve tarde, resulta en numerosas ocasiones una verdadera injusticia”, ha finalizado Yolanda Ramírez.
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