El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el escrito de interposición de Greenpeace sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión, tras la denegación de dos peticiones de información relativas a la autorización del Gobierno de España de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados.
El Gobierno hizo uso de la todavía vigente ley franquista de Secretos Oficiales para denegar a Greenpeace el acceso a la información solicitada, lo que impidió a la organización conocer si las autorizaciones que está concediendo el Gobierno a la industria para exportar armas a países involucrados en conflictos bélicos, como Arabia Saudí en el conflicto de Yemen, incumplen la ley española de control de comercio de armas, así como el Tratado Internacional de Comercio de Armas.
Según la argumentación desarrollada por la organización pacifista y ecologista, el acceso a la información es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de comunicar o recibir libremente información veraz, reconocido en el famoso artículo 20.1.d) de la Constitución. Esta premisa jurídica ha sido reconocida por el TEDH en su jurisprudencia, y con este procedimiento judicial, Greenpeace pretende que los Tribunales españoles incorporen esta doctrina internacional, que reconoce que el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental y accesorio del derecho a la libertad de expresión e información, sobradamente conocido en el mundo del periodismo.
El TEDH establece, además, que las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, deben cumplir una serie de requisitos (como perseguir un fin legítimo y no espurio), que no se dan en el presente caso.
“El Gobierno español deniega sistemáticamente la información referida a la exportación de armas, clasificada como secreta, en aras de proteger la seguridad nacional. Sin embargo, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reconoce expresamente que la verdadera finalidad que se persigue con el mantenimiento de la información como secreto, es salvaguardar la actividad económica de las empresas exportadoras de armas. Este hecho es inadmisible en una democracia cuando está en juego el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace.
El juzgado ha dado un plazo de ocho días a la organización para presentar la demanda. La obtención de una sentencia favorable en este procedimiento, constituiría un hito histórico en el control del comercio de armas españolas, cuyo secretismo oficial impide el control de la legalidad, y aumenta el riesgo de que armas españolas se utilicen ilegalmente en la comisión de violaciones graves del derecho internacional.
Este litigio se sustenta en una investigación de Greenpeace que demostró la presencia de morteros españoles en una zona caliente del conflicto yemení. Según Naciones Unidas, en este conflicto existen “patrones documentados de violaciones graves del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos” que los estados que transfieren armas están “ignorando flagrantemente” y les vuelve a instar a “abstenerse de proporcionar armas y apoyo militar a todas las partes” del conflicto como Arabia Saudí, país receptor de los morteros identificados en la investigación. Greenpeace solicitó a la Secretaría de Estado de Comercio información sobre la autorización de esta operación de exportación concreta que le ha sido denegada.
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