Según ha manifestado la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, después de haber examinado el expediente sobre las obras a realizar para la adaptación de los aseos de los edificios municipales a las necesidades de las personas ostomizadas, concretamente el del Centro de Ocio Río Henares y el de la Casa Consistorial, las chapucerías del Gobierno de Blanco la tienen que pagar de nuevo los contribuyentes.
Después de que la propia Asociación de Ostomizados de Castilla-La Mancha expresara públicamente, el pasado 15 de noviembre, la decepción sufrida tras la visita realizada a estos aseos, debido a que no cumplían con las exigencias mínimas, la edil responsable del área de Innovación Urbana, Yolanda Rodríguez, solicitaba un informe técnico en relación con la obras de adaptación.
Pérez ha afirmado, después de haber examinado el expediente, que en el informe emitido por el Departamento técnico el 3 de diciembre se llega a la conclusión de que la deficiencia más importante es la de la ausencia de un sistema de descarga en los dos aparatos sanitarios instalados y que el grifo instalado no es adecuado debido a que la boca situada al final del extensor es demasiado ancha y no es posible introducirla en las aberturas de las bolsas de ostomía reutilizables, con el consiguiente riesgo de producir derrames o salpicaduras. Además, indica que es necesario instalar un dispensador de papel higiénico, otro de bolsas de plástico que sirvan para depositar y cerrar adecuadamente las bolsas de ostomía y un escaño móvil que permita a las personas de menor estatura llegar al borde de la encimera.
Es cierto, afirma la portavoz de IU, que no existe una normativa de obligado cumplimiento al respecto, pero para eso está la propia asociación que es quien conoce las necesidades y podía haber sido el órgano asesor para llevar a cabo esa adaptación. En lugar de haber tenido una comunicación fluida y constante con ella, se enteró de la adjudicación de las obras a través de la prensa. Por ello, solicitaron una reunión en la que al parecer, se les dio a conocer el proyecto en el que apreciaron una serie deficiencias que entendían que eran convenientes subsanar. Al mismo tiempo, le hicieron saber al Gobierno municipal que el coste de esta adaptación en otras ciudades había sido considerablemente inferior al precio licitado en nuestro municipio.
María José Pérez ha calificado a los responsables políticos de despilfarradores, puesto que después de haber destinado más de 12.000 euros en la adaptación de estos baños, hay que proceder a realizar modificaciones, con el consiguiente coste que conlleva, debido a que el estado en el que están actualmente son inoperativos, y ha finalizado señalando que esto no es más que el resultado de la pésima gestión de un Gobierno que no para de dar traspiés y que no pone el más mínimo empeño en trabajar por el conjunto de la ciudadanía.
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