COMUNICADO : Ecologistas en Acción de Guadalajara y la Plataforma en Defensa del Río Ungría denuncian la desprotección del Valle y posible filtración de información

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha recortado en un 40 % el perímetro inicial que iba a declararse como “Paisaje protegido del Valle del Río Ungría” para favorecer a las compañías eléctricas interesadas en implantar megaplantas fotovoltaicas en pleno corazón de este espacio, a las que se podría haber proporcionado información privilegiada para la tramitación exprés de estos proyectos.

La Junta de Comunidades ha iniciado la tramitación de una planta fotovoltaica en el municipio de Valdegrudas, que forma parte de un megaproyecto en el participan 7 empresas y que puede ocupar más de 800 hectáreas, buena parte de ellas ubicadas dentro del Paisaje Natural del Valle del Río Ungría.

Esto demuestra la predisposición de la Junta a rendir pleitesía a las compañías eléctricas adaptando el perímetro de un espacio protegido a sus intereses.

Para consumar este atropello ambiental la Junta, con la colaboración necesaria de las agencias de desarrollo local, Adac y Fadeta, ha incumplido el Acuerdo de Gobierno de 2017, donde se establecía un perímetro consensuado con municipios y agentes sociales a partir de un estudio ambiental exhaustivo.

Pero, ante el interés de las empresas por localizar terrenos dentro del citado perímetro, y favoreciendo la escandalosa especulación de suelo rústico, en septiembre de 2020 la Consejería de Desarrollo Sostenible recortó, nada más y nada menos, que un 40% la superficie de la zona a proteger inicialmente.

Todo ello mediante la exposición a información pública de una documentación plagada de deficiencias y sin rigor técnico, que deja sin protección a las zonas con mayor valor ambiental, admitiendo usos y actividades incompatibles con el espacio protegido, además de presentar graves incoherencias que han provocado una gravísima indefensión jurídica a los ciudadanos interesados en presentar alegaciones.

La Consejería no solo ha ninguneado a Alcaldes y agentes sociales implicados en el Acuerdo de 2017, sino que, además, se está saltando a la torera el régimen de protección preventiva del territorio en él delimitado, incumpliendo la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. El inicio del procedimiento de evaluación ambiental de la primera de las 7 plantas fotovoltaicas proyectadas en el espacio a proteger y su entorno, supone un acto administrativo que incumple de forma flagrante la ley más importante de la que disponemos los castellano-manchegos para defendernos de los intereses particulares y de los fondos de inversión que, más que luchar contra el cambio climático, especulan para obtener suculentos beneficios.

Lo más grave es que hay muchísimas probabilidades de una filtración de información privilegiada a estas empresas desde las Consejerías o desde el resto de organismos que han intervenido en el procedimiento. El estudio de impacto ambiental de la fotovoltaica de Valdegrudas utiliza un estudio paisajístico realizado en febrero de 2020 (por encargo de Adac y Fadeta) en cuyos planos ya aparecía el perímetro del espacio protegido recortado a gusto de los promotores. Pues bien, este estudio fue redactado cinco meses antes que la Consejería abriera el proceso de información pública (1 de septiembre de 2020).

Esto quiere decir que, si el estudio de impacto de la empresa se terminó de redactar en agosto de 2020, si el proyecto de la instalación se realizó con anterioridad al mismo y si la captación de los terrenos se hizo meses antes de la redacción del proyecto, es evidente que las empresas conocían de antemano el recorte previsto del área protegida que otorgaba luz verde a sus propósitos especulativos. En contraste, esta información nunca se proporcionó a alcaldes, agentes sociales y ciudadanos implicados hasta su publicación 1 de septiembre; incluso, para mayor infamia, fue denegada una semana antes a varios vecinos de Caspueñas aludiendo a su confidencialidad por el propio Delegado de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.

En resumen, es incuestionable que las empresas fotovoltaicas conocían el nuevo perímetro del espacio a proteger meses antes de ser expuesto al público. Este es un hecho gravísimo, debidamente tipificado en el Código Penal, y que por tanto el servicio jurídico de la Junta está obligado a investigar a fin de depurar responsabilidades en los organismos participantes en el procedimiento (Consejerías, Delegaciones, Adac y Fadeta).