En pleno contexto de aprobación de los primeros PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), Greenpeace presenta La Lupa Verde, su observatorio ambiental y social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: España Puede, cuyo objetivo es analizar su grado de transparencia y cumplimiento y su alcance en los diferentes sectores. Con este seguimiento, Greenpeace también quiere vigilar que el plan no incorpora falsas soluciones o impactos adversos sobre el medioambiente.
La Lupa Verde ofrecerá datos en abierto y en tiempo real, por lo que la información se irá actualizando puntualmente en su web, según se vayan aprobando y ejecutando las distintas actuaciones.
En concreto, el observatorio pondrá la lupa en la ejecución de las inversiones para la transición ecológica del plan y evitar así la burbuja del hidrógeno y garantizar que se cambian los patrones de movilidad y el modelo de ciudad (más amigables con las personas y el planeta), que las comunidades energéticas juegan un papel relevante en la transición energética y que se transforma también el modelo agroalimentario.
“Los fondos para la recuperación económica son una oportunidad única para transformar el sistema. El gran reto está en entender que, además de una revolución tecnológica, tenemos que replantearnos aspectos tan esenciales como cómo nos movemos, cómo consumimos o cómo generamos nuestra energía”, ha declarado Alicia Cantero, responsable de la Unidad Política de Greenpeace: “Este cambio va más allá de sustituir unos combustibles por otros: necesita una transformación profunda que ponga a las personas en el centro y tenga en cuenta la desigualdad socioeconómica y los límites del planeta”.
Para Greenpeace es especialmente relevante vigilar que los fondos no sean acaparados por las grandes empresas con mayor capacidad económica y tecnológica. Para evitarlo, señalan desde la organización, el Gobierno tiene que facilitar el acceso a los fondos de pymes y micropymes, empresas de economía social, sostenible y solidaria y personas autónomas, y aquellos sectores y clusters cuya actividad contribuya a una recuperación verde, justa y equitativa, que corrija también el desequilibrio territorial.
Otra piedra angular del plan del Gobierno es la creación de empleo: según sus cálculos, se generarán en torno a 800.000 nuevos puestos de trabajo. El observatorio de Greenpeace tendrá una mirada escrutadora sobre la evolución del empleo y el impacto de la utilización de los fondos en este indicador. Así mismo, se analizarán con lupa las carencias en cuestiones de transparencia, la medición y evaluación del impacto real del plan o el incumplimiento de los objetivos de transversalidad (combatir la brecha de género y el desequilibrio territorial) que se puedan producir.
El observatorio de Greenpeace prestará especial atención a las siguientes áreas:
- Energía: energías renovables, autoconsumo, comunidades de energía, almacenamiento, gestión de la demanda, eficiencia energética en la rehabilitación de edificios y desarrollo del hidrógeno verde.
- Movilidad: uso del coche, transformación de flotas, vehículos eléctricos, infraestructura de recarga, trenes de cercanías, red de transporte transeuropea y transporte de mercancías.
- Ciudades y consumo: creación de espacios urbanos amigables, gestión de residuos, incineración, desperdicio de la cadena alimentaria, economía circular y consumo.
- Medio rural: conservación de la biodiversidad, restauración de humedales, contaminación de aguas, consumo de agua de riego, apoyo a la ganadería extensiva, gestión forestal y lucha contra incendios forestales.
El observatorio dedicará además un apartado a los PERTE, donde se analizarán según se vayan aprobando. La Lupa Verde contará también con un espacio dedicado a alertar de las posibles falsas soluciones, en la fase de ejecución del Plan España Puede, relacionadas con las inversiones y reformas presentadas. Si las hubiera, se representarán con una señal que indique el impacto alto, medio o bajo según las vulneraciones que presente el plan en su ejecución. Se han fijado los siguientes criterios para establecer estas alarmas:
- La posible regresividad fiscal.
- El aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
- El aumento de emisiones contaminantes diferentes a GEI.
- El aumento de los vertidos líquidos contaminantes.
- El aumento de la generación de residuos.
- Las actuaciones que contribuyen a la vulneración de los derechos humanos y la posible contribución a la corrupción o la falta de transparencia.
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