La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha dirigido a los ministerios de Función Pública y de Sanidad para pedir explicaciones por el informe filtrado a los medios de comunicación por este último departamento sobre el futuro de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

En este informe, Sanidad propone incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria de las comunidades autónomas, trasladando la financiación que actualmente se destina a las aseguradoras que participan en el concierto sanitario.

CSIF se opone frontalmente a esta posibilidad. No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión.

CSIF exige a Función Pública que rectifique al ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface, que garantice la calidad de la asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios para los próximos años.

Mientras tanto CSIF está valorando con las estructuras el alcance de las movilizaciones que se llevarán a cabo en el caso de que el Gobierno no ofrezca una respuesta adecuada: manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública.

CSIF está recibiendo cientos de llamadas de personas preguntando por esta cuestión. Además, ya estamos recibiendo casos de mutualistas a los que se les está denegando la atención en clínicas o chequeos médicos, porque las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto.

El Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias (personas mayores y menores de edad) —más de 74.000 en Castilla-La Mancha—, que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria.

De momento, CSIF se volverá a movilizar el próximo 16 de diciembre, no sólo para denunciar la situación en Muface, sino para alertar sobre lo problemas que sufren los servicios públicos en Castilla-La Mancha.