CASTILLA LA MANCHA

El Tribunal de Cuentas investiga la política de contrataciones del Gobierno de Barreda

Ha abierto un juicio contable

Un informe avisaba de la falta de objetividad en algunas adjudicaciones y se advertía de que en casi la cuarta parte de los expedientes (más de la mitad el caso del Sescam) se producían incidencias en la comprobación del gasto

Redacción | Miércoles 22 de octubre de 2014

El pasado año se inició otro juicio para determinar las presuntas irregularidades del convenio de publicidad firmado por la ya extinta empresa pública 'Don Quijote' y una línea aérea



El Tribunal de Cuentas ha abierto un juicio contable contra la política de contratación de la entonces Junta de Comunidades presidida por José María Barreda durante el ejercicio 2007. Se basa, tal y como informa hoy el diario La Tribuna en sus páginas de región, en el informe de la ya desaparecida Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha sobre los contratos firmados por el Gobierno regional en ese ejercicio, donde se avisaba de la falta de objetividad en algunas adjudicaciones y se advertía de que en casi la cuarta parte de los expedientes (más de la mitad el caso del Sescam) se producían incidencias en la comprobación del gasto.

En concreto, en el edicto hecho público ayer por el Tribunal de Cuentas y recogido por La Tribuna se informa de que este juicio contable se abre ante «el posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia de las irregularidades detectadas en los expedientes de contratación», todo ello documentado por la Sindicatura castellano-manchega en su informe definitivo sobre la contratación de la Junta en ese año.

El procedimiento a seguir será el de 'reintegro por alcance', donde el Tribunal de Cuentas deberá detectar las posibles responsabilidades en el asunto y, en el caso de haberlas, a quién le corresponde el pago de los daños y perjuicios causados a las arcas autonómicas. Se acaba de abrir un plazo de nueve días para que los afectados por este proceso puedan personarse.

No es el único procedimiento que Castilla-La Mancha tiene abierto por esta vía en el Tribunal de Cuentas. A finales del pasado año se inició el juicio para determinar las presuntas irregularidades del convenio de publicidad firmado por la ya extinta empresa pública 'Don Quijote' y una línea aérea durante la última etapa del Gobierno socialista, que ascendió a 3,24 millones de euros.


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