Redacción | Viernes 01 de abril de 2016
La Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) y la Asociación de Entidades Locales Menores de Castilla La Mancha, (Aecastim) han presentado a los grupos políticos con representación en las Cortes regionales 35 enmiendas a la Ley de Entidades Locales de Castilla-La Mancha y una proposición no de ley, entre las que se incluye una revisión del Fondo Regional de Ayuda Municipal para que las 43 entidades locales castellano-manchegas puedan acceder a él o que se regulen sus competencias y financiación.
El secretario general de FEEM, Miguel Martínez, que ha explicado estas propuestas en declaraciones a los medios junto al presidente en funciones de Aecastim, Domingo Picazo, ha señalado que representantes de ambas organizaciones se van a reunir este viernes con miembros de los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Podemos para tratar estas cuestiones.
Martínez ha explicado que la idea de estas asociaciones es que el Gobierno regional "trate de resolver algunos de los problemas que más acucian" a las entidades menores y ha criticado que la ley actual que rige a estos núcleos de población "lleva hecha 25 años", tiempo en el que el mundo local "ha cambiado mucho, con una despoblación vertiginosa y un envejecimiento de la población bastante alto".
El secretario general ha argumentado que "otras regiones como Extremadura tienen una ley del año 2015 y las de Andalucía y Cataluña son del año 2010", incidiendo en que "en la mayoría de las comunidades autónomas se ha legislado y mejorado para actualizar las competencias y recursos de las entidades".
Asimismo, ha hecho hincapié en que las entidades menores puedan acceder al Fondo Regional de Ayuda Municipal, explicando que en el documento presentado a los grupos políticos pedían que en los presupuestos de 2016 se incluyera a las entidades en dicho fondo. A este respecto, ha comentado que el único grupo que ha respondido ha sido el de Podemos, señalando que "lo ha visto razonable".
"No pedimos más gasto público ni que se le suban los impuestos a los ciudadanos para tener más presupuesto, sino que se reparta de otra forma sumando a las 43 entidades menores", ha continuado, reiterando que estas "tienen habitantes, competencias, servicios y territorio parecidos a muchos municipios pequeños".
Por todo ello, ha demandado que se pongan encima de la mesa "inversiones y una apuesta por el medio rural" y que estas vengan "desde las diputaciones y las consejerías".
Competencias
Respecto a las competencias de las entidades menores, Miguel Martínez ha destacado que algunas de estas "son de hace 200 o 300 años y anteriores a la Comunidad Autónoma", afirmando que algunas "cuentan con las mismas competencias que un municipio porque han llegado a un convenio con el municipio matriz" pero advirtiendo que "en los casos en que al municipio no le interese llegar a un convenio, las competencias que da la ley actual son poco menos que la administración del patrimonio y pequeñas obras".
"Las entidades tienen personalidad jurídica propia pero dentro del municipio y el problema es que tienen la responsabilidad legal de prestar competencias a los ciudadanos", ha añadido.
De su lado, Domingo Picazo ha mostrado la intención de Aecastim de que exista "un diálogo fluido" entre las entidades locales y los ayuntamientos matriz para que no existan problemas "porque los pagan los vecinos".
Picazo ha explicado que las entidades menores "no pueden hacer planes de empleo y el dinero se va a la capital", algo que hace que "la gente se vaya porque no tiene trabajo y el dinero que se tendría que invertir no se invierte".
Supresión de las Diputaciones
Por otra parte, preguntado por la opinión de FEEM sobre la posibilidad de que pudieran suprimirse las diputaciones provinciales en España, Miguel Martínez ha manifestado que su organización no estaría de acuerdo con esta medida, considerando que "las experiencias en esta materia siempre han sido bastante negativas".
Martínez ha argumentado que "si no existen las diputaciones habría que hacer un mecanismo parecido, como que las comunidades tuvieran esas competencias o se creasen lo que algunos han llamado consejos de alcaldes".
Sin embargo, ha criticado que "si una diputación no quiere hacer un plan provincial o una entidad menor, no lo hace y no pasa nada porque la ley no le obliga", aunque ha reconocido que en la mayoría de los casos las instituciones provinciales sí cumplen esas labores.
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