Eugenio Esteban, vicepresidente segundo de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses

El alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, ha sido nombrado vicepresidente segundo de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.

La entidad, que nació el 1995 de la mano de 80 municipios siendo Tamajón una de las localidades fundacionales, reivindica un tratamiento justo para los municipios afectados por centrales hidroeléctricas y embalses. Tras 21 años de actividad, la Federación tiene más de 650 municipios adheridos y representación en prácticamente toda España.

Eugenio Esteban se va a encargar del área de Medio Ambiente y aguas. En colaboración con la Presidencia, que ostenta Rosario Cordero, actual presidenta de la Diputación de Cáceres, gestionará las relaciones de la entidad con el Ministerio de Medio Ambiente y con las consejerías de las diferentes comunidades autónomas, confederaciones hidrográficas, Dirección General del Agua en materia de desarrollo de planes de restitución, planes sectoriales, presencia de la Federación en los órganos de gestión de cuencas y de extinción de concesiones.

Cabe recordar que entre los fines fundamentales de la Federación están la defensa de los intereses municipales de las Asociaciones y Municipios en cuyos ámbitos estén establecidas instalaciones de producción de energía hidroeléctrica y embalses; la coordinación de la actividad institucional de las Asociaciones y Ayuntamientos integrados en la Federación proporcionando, asimismo, asesoramiento y servicios para el cumplimiento de sus fines y logro de objetivos en todos los órdenes, en especial, el tributario; la promoción de la coordinación de soluciones a los problemas comunes y representar a todos sus miembros ante los organismos e instituciones públicas y privadas; la promoción y defensa del derecho a la autonomía municipal en lo referente a la problemática de producción hidroeléctrica y las empresas explotadoras de tal actividad; y la traslación al Gobierno e instituciones del Estado respecto a la normativa que afecte al tema de producción de energía hidroeléctrica, en especial, el tratamiento fiscal y afección al medio ambiente.