El sindicato con mayor representación en el SESCAM pide más recursos humanos y materiales al comprobar que los recortes en Sanidad no son igual para todos
Redacción | Miércoles 31 de agosto de 2016
Según refleja la memoria socioeconómica del Consejo Económico y Social (CES) el gasto sanitario tiene una previsión de incremento a nivel nacional de 3’8% para 2016. Galicia tiene previsto incrementar su presupuesto sanitario para este año en un 18,7%, Aragón lo incrementará en un 12’61%, la Comunidad Valenciana un 7’58% o Murcia un 5’94%. Por el contrario, Castilla-La Mancha tendrá, con un incremento del 0%, un menor gasto sanitario durante 2016 buscando, al parecer, la estabilidad de las cuentas.
Si el gasto sanitario se mide por el gasto por habitante, las diferencias son todavía más llamativas y Castilla-La Mancha se queda también por debajo de la media con 1.176 euros per cápita, frente a los (1.584 euros) del País Vasco, los (1.457) de Navarra o los (1.423) de Asturias. CSIF recuerda que el pasado año el gasto medio sanitario por habitante aumentó un 1,82% de media en España, hasta los 1.232 euros.
CSIF señala que el menor gasto sanitario repercutirá evidentemente en los recursos humanos y materiales. El sindicato considera que este hecho no es casual y que el SESCAM lleva a cabo un patrón progresivo que consistiría en la no sustitución en muchas ocasiones de las bajas, vacantes, jubilaciones, comisiones o vacaciones.
Este hecho puede suponer el retraso en la realización de las pruebas diagnosticas, el aumento de las listas de espera, el cierre de las plantas de hospitalización o el colapso de las urgencias en determinados momentos a lo largo del año. En definitiva, una sanidad de menor calidad que podría repercutir en la salud de los pacientes al retrasarse la actividad asistencial.
Para los profesionales sanitarios, la falta de recursos humanos, técnicos y económicos junto al mantenimiento de la jornada de 35 horas o el no reconocimiento del solape como jornada de trabajo, está suponiendo una penalización y una sobrecarga laboral que puede repercutir negativamente en la sanidad regional.
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