En el Pleno de 9 de junio se aprobó por unanimidad una moción de Izquierda Unida a favor de crear una bolsa de viviendas en alquiler, gestionada de manera pública, para familias víctimas de ejecuciones hipotecarias.
Una vez aprobada por todos los grupos, el gobierno del señor Blanco se comprometía a lo siguiente:
“Estos fueron los compromisos adquiridos por el gobierno de Blanco y casi tres meses después no sabemos absolutamente nada del trabajo que vienen desempeñando, si es que lo están haciendo, para poner en funcionamiento cuanto antes esta bolsa de viviendas en alquiler”, manifiesta la portavoz de IU, María José Pérez.
“Ya le hicimos saber en su momento al señor Blanco que son muchas las familias víctimas de ejecuciones hipotecarias las que se han visto desposeídas de sus viviendas y obligadas a malvivir porque ni siquiera cuenta con la posibilidad de acceder a un alquiler social. Los Ayuntamientos somos las instituciones más cercanas a las ciudadanas y ciudadanos y por lo tanto, tenemos la obligación de actuar para aliviar la preocupante situación de desamparo en la que se encuentra muchos de ellos. Las situaciones de emergencia habitacional que son detectadas en nuestro municipio no pueden seguir sin ser atendidas y tenemos la obligación de poner en marcha un plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna”.
“Es lamentable que hasta la fecha el gobierno socialista de Blanco no haya creado esa Comisión Informativa a lo que se comprometió en Pleno, para procurar un techo a todas esas vecinas y vecinos víctimas de desahucios”.
“Desde Izquierda Unida instamos al señor Alcalde a que nos explique con urgencia si ha mantenido esa ronda de contactos con las entidades financieras, si se va a proceder a la firma de algún convenio con éstas, cuál es el número de viviendas con las que ya cuenta el consistorio para poner en marcha esa bolsa de viviendas en alquiler y en qué momento se encuentra la futura Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, porque es su obligación y la de todos el garantizar el derecho a una vivienda digna”, finaliza.