Jueves 31 de agosto de 2017
Castilla-La Mancha está siendo, por desgracia para los que amamos esta tierra, la comidilla en círculos políticos y periodísticos de ámbito nacional. El sorprendente pacto del Gobierno del socialista Emiliano García-Page con Podemos como socio ya de Gobierno, como preludio de lo que puede pasar a nivel nacional, y ahora la última tropelía cometida en el seno de la Comisión de Presupuestos de las Cortes regionales, cuyo Presidente, el socialista Jesús Fernández Vaquero, haciendo gala de un autoritarismo nunca visto antes, arrebató la presidencia de la Comisión al diputado del Partido Popular, Lorenzo Robisco, algo insólito y sin ninguna explicación ni justificación legal que amparara una decisión tan arbitraría, más allá de retorcer el reglamento de las Cortes con fines marcadamente partidistas.
El Reglamento del Congreso de los Diputados recoge en su Capítulo Tercero. De las Comisiones, Artículo 42.2 que "El Presidente del Congreso podrá convocar y presidir cualquier Comisión, aunque solo tendrá voto en aquellas de que forme parte". Nadie puede imaginar a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, decidiendo de forma unilateral, sin mediar explicación alguna y sin reunir a los órganos pertinentes, sustituyendo o quitando la presidencia de alguna de las Comisiones del Congreso, por ejemplo la de Defensa, cuya presidencia ostenta José María Barreda. Pues eso es, exactamente, lo que hizo el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado viernes en la Comisión de Presupuestos de la institución autonómica.
El Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, al igual que el del Congreso de los Diputados, recoge esa posibilidad. Si la Presidenta del Congreso, vulnerando el derecho del Diputado y los Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución Española como los establecidos en su artículo 23.2, privara del ejercicio de sus facultades, establecidas reglamentariamente al presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, hoy estaríamos hablando de un gran escándalo nacional.
Pero a nadie que respete los derechos fundamentales de los diputados y diputadas que tienen como base a nuestro ordenamiento jurídico, se le podría ocurrir tal atropello, si no es porque lo que se pretenda sea acallar a la oposición o imponer una decisión arbitraría. En el artículo 35.2 al que se acoge el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha se establece la posibilidad, pero todo el mundo entiende que la interpretación de este artículo tiene que estar dentro de la lógica y esa decisión se podría adoptar dentro de una situación de máxima excepcionalidad y que, para ello, se tendría que justificar, además de dialogar y tomar una decisión colegiada sobre el asunto, pero no hacerlo de forma unilateral para una única sesión cuyo presidente estaba presente y no había nada que justificara su sustitución.
Hoy los ciudadanos demandan instituciones públicas más transparentes para hacerlas más cercanas y la ejemplaridad en el desempeño del cargo público, así como la rendición de cuentas al ciudadano, es a lo que aspiran las instituciones del siglo XXI, pero el Parlamento de Castilla-La Mancha, en vez de ir en esa dirección, se empeña en tomar decisiones marcadas por actitudes que nos recuerdan a lo que está pasando en otros países, como Venezuela, donde no se respetan los derechos ni las libertades de los ciudadanos.
Estamos ante un hecho sin precedentes en nuestra Democracia. Lo que pasó el pasado viernes en las Cortes de Castilla-La Mancha me avergüenza y me entristece. Jamás hubiera imaginado que nuestra región cayese en manos de gobiernos y dirigentes que hacen un uso tan execrable y partidista de las instituciones. Eso no es estar a la altura de lo que nos exigen los ciudadanos.
Rosa Romero Sánchez
Vicepresidenta Tercera del Congreso de los Diputados
y Diputada nacional por Ciudad Real
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