El Gobierno podrá cerrar páginas web sin autorización judicial

La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado, este martes, por unanimidad la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se recogen medidas contra la piratería, como el cierre de webs sin necesidad de autorización judicial, o iniciativas para un mayor control de las entidades de gestión de derechos y poner freno a prácticas como las de 'La Rueda'.

El texto, que pasará ahora al Senado, incluye la modificación pactada por PP, PSOE y Ciudadanos, en el artículo 195 de la norma, que establece que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".

Este cambio supone dejar el cierre de estas páginas en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, la conocida como Comisión SINDE por la ministra Angeles González Sinde del Gobierno socialista de Zapatero. Es decir, dependerá de un órgano ejecutivo y no de uno judicial.

El PP, el PSOE y Ciudadanos también han pactado, en este caso con Unidos Podemos, una decena de enmiendas que se han incluido en el texto en fase de ponencia. Las más destacadas son las que se refieren a la negociación de tarifas entre los usuarios de la propiedad intelectual -radios y televisiones- y entidades de gestión -SGAE, AIE o AGEDI- ya que se añade una regulación en caso de desacuerdo entre ambas partes.

En estos casos, dice la nueva ley, los usuarios deberán pagar, en todo caso, el 100% de la última tarifa acordada o, a falta de un acuerdo anterior, el 50%. "Hasta que se resuelva el conflicto, se entenderá, provisionalmente, que la obligación de pago ha sido cumplida y, en lo que se refiera al derecho exclusivo que pudiera ocurrir con el derecho de remuneración, concedida la autorización para el uso de ese derecho exclusivo", apunta la redacción.

Las entidades de gestión también se han visto afectadas en esta reforma. En concreto, se han cambiado sus estatutos y sus órganos de control interno. En este último caso, se determina que aquellas que recauden anualmente una cifra igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior, estarán obligadas a nombrar como miembros del organismo de control a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano.

En cuanto a los estatutos, se establece que el régimen de voto no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias en poder de un número reducido de miembros, si ello constriñe la democracia interna o altera de alguna forma la libertad de actuación de la asamblea general. Además, se deberá velar porque aquellos titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarias no ocupen puestos en los órganos de gobierno, ni participen en las tomas de decisión en que pudiera existir un conflicto de intereses.

Del mismo modo, son estas entidades quienes protagonizan la medida acordada por las formaciones en el Congreso para frenar prácticas como 'La Rueda', la trama integrada por varios socios de la SGAE que registraba de forma fraudulenta modificaciones de obras originales (y por tanto libres de derecho de autor) sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.

En la reforma, se determina que las entidades de gestión adoptarán las medidas necesarias, incluyendo la fijación de topes de reparto cuando sea procedente, para evitar que obras reciban cantidades desproporcionadas en relación a los rendimientos comerciales o de audiencia que se producen durante su explotación. En concreto, se establece que no se superará en ningún caso el 20% del total recaudado por un caso intensivo, cuando la radiodifusión en los que el valor comercial por el uso de las obras y prestaciones protegidas sea testimonial por ausencia de audiencia significativa.

Todos los grupos que han intervenido en el debate de este martes han destacado la actitud de diálogo y consenso que se ha vivido en los meses de trabajo de esta reforma. El portavoz de Cultura del PP, Emilio del Río, ha señalado que el objetivo de que todos los partidos estén "razonablemente satisfechos" con el texto, se ha conseguido.

Su homólogo socialista, José Andrés Torres-Mora, también ha celebrado la importancia del parlamentarismo y de la democracia en negociaciones de este tipo, mientras que la portavoz de Ciudadanos, también presidenta de la comisión, Marta Rivera de la Cruz, ha celebrado que España mantenga una legislación garantista en esta materia, pero que se hayan agilizado las actuaciones contra los reincidentes.

Unidos Podemos ha valorado la mayoría de los puntos incluidos en esta nueva ley, aunque ha alertado de la necesidad de una reforma integral en esta materia, "que no incurra en la presunción de culpabilidad" asociada a las novedades tecnológicas, según ha explicado su portavoz de Cultura, Eduardo Maura. El 'morado' muestra así su disconformidad con el cambio realizado en el artículo 195 sobre el cierre de webs.

También ha destacado una de las enmiendas presentadas por su grupo, que finalmente no ha sido incluida en el texto al no contar con el apoyo mayoritario, en la que se pide derogar el artículo 71 por el que las cesiones de edición musical se ceden en un 50% durante la vida del autor y 80 años después de su muerte.

Finalmente, el portavoz de ERC en esta comisión, Xavier Eritja, ha señalado que se trata de un texto que avanza hacia un nuevo modelo, aunque ha cuestionado la capacidad del país para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, entre otros.

Facua-Consumidores en Acción rechaza el refuerzo a la Ley Sinde aprobado este martes 27 de noviembre en el Congreso con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos y considera que esta medida "supone un retroceso en materia de libertad de expresión", al dejar "en manos de una comisión administrativa (la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual), en lugar de un órgano judicial, la clausura de una página".

En este contexto, la asociación alerta de "la pérdida de libertades que puede suponer la enmienda", ya que "será un solo órgano el que decida qué es una infracción, cuándo es reiterativa y cuándo es una reanudación", por lo que, a su juicio, las decisiones "podrían ser unilaterales y arbitrarias", lo que "les permitirá saltarse el control judicial".

También, ha recordado que además de esta reforma, la norma incluirá una decena de enmiendas pactadas entre PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, que incluyen, entre otras cuestiones, las tarifas que pagan radios y televisiones por el uso de obras sujetas a propiedad intelectual a las entidades de gestión de los derechos de autor (SGAE, AIE o AGEDI).