En cuanto a la Mesa de las Cortes, ha indicado que tiene la obligación de ejercer "un control efectivo de la facultad de veto del Gobierno"
Redacción | Lunes 04 de febrero de 2019
El grupo parlamentario de Podemos ha registrado este lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha un recurso de reconsideración contra la decisión de la Mesa del Parlamento de impedir la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de minería de tierras raras.
En rueda de prensa, el portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, ha señalado que si la Mesa no estima de manera favorable este recurso, la formación morada presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
En este sentido, ha indicado que la Mesa de las Cortes ha asumido "sin más" un "veto" que el Gobierno regional justifica con el argumento de aumento del crédito presupuestario, cosa que según Llorente "no es cierta".
Para ello, el portavoz de Podemos ha indicado que el Ejecutivo castellano-manchego ha aportado dos informes, uno del viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, y otro del director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, el cual -ha dicho Llorente- acompañó a los directivos de la empresa pirata 'Quantum' a los municipios del Campo de Montiel para promocionar proyectos de minería, por lo que ha demostrado tener un "claro interés de parte".
En estos informes, ha continuado, el Gobierno autonómico señala que la proposición de ley conllevaría la elaboración de un plan estratégico al que imputan un coste de unos 138.000 euros que estiman por mera analogía con el plan estratégico del fracking.
Sin embargo, Llorente ha apuntado que la partida de estudios y trabajos técnicos tiene asignado un crédito inicial de 362.500 euros, de los cuales en 2018 se han ejecutado apenas 45.000.
Además, incluso restando de esa partida lo ejecutado en 2018 y el coste imputado al plan estratégico de minería de tierras raras, el crédito disponible en esa partida en el presupuesto prorrogado de 2019 sería todavía de cerca de 180.000 euros, por lo que "no es cierto que la proposición de ley requiera ningún incremento de crédito" ya que hay un "amplísimo margen presupuestario".
En cuanto a la Mesa de las Cortes, ha indicado que tiene la obligación de ejercer "un control efectivo de la facultad de veto del Gobierno", verificando la información y velando por el derecho fundamental a la participación política.
Para Llorente, el veto del Gobierno regional responde a "una decisión política" y a que el presidente, Emiliano García-Page, "ha cedido ante las presiones del lobby minero y no tiene voluntad política para regular adecuadamente la minería de tierras raras".
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