El Defensor del Pueblo ha reprendido al alcalde Alberto Rojo por su “opacidad” y la “obstrucción al acceso a la información municipal” a los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Guadalajara “limitando sus funciones y vulnerando sus derechos”. Así lo han dado a conocer el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, y la concejala Itziar Asenjo, quienes han resaltado “la importancia de esta resolución” que “pone en evidencia la actitud de Rojo” y le insta a abandonar esta práctica que lleva a cabo desde hace un año.
Carnicero ha explicado que “el Defensor del Pueblo obliga a Alberto Rojo a que entre en el siglo XXI”, ha dicho Carnicero añadiendo que “es verdad que tenemos un alcalde que probablemente esté anclado, es inseguro, le cuesta dar pasos” pero ahora “el Defensor del Pueblo le dice que todos los concejales tenemos la obligación, el deber y el derecho de acceder a todos los expedientes de manera electrónica y sin impedimentos o excusas”. “Tenemos un alcalde inseguro, por eso intenta tapar los expedientes, se ve superado por las circunstancias de manera constante y tiene miedo a la oposición, por eso nos abronca públicamente, y por eso ha intentado por todos los medios limitarnos el acceso a los expedientes”, ha apuntado el portavoz del Grupo Popular.
La concejala Itziar Asenjo se ha referido a la queja que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara se vio obligado a registrar el pasado mes de febrero ante el Alto Comisionado de las Cortes Generales, “una vez que agotamos todas las vías previas a nuestro alcance”. Y es que, desde el Grupo Popular se viene denunciando públicamente y en los plenos esta “práctica torticera” incluso todos los partidos de la oposición -PP, Vox, Podemos y Aike- “nos pusimos de acuerdo para apoyar una moción de Aike en el mes de diciembre para pedirle al gobierno de Rojo que hiciera realidad la transparencia en el Ayuntamiento de Guadalajara”. Entre otras cosas, “pusimos de manifiesto el procedimiento que el alcalde seguía no dándonos acceso a la información de los expedientes solicitados y siendo la respuesta de Alcaldía que se tendría acceso en un ordenador instalado debajo de una escalera, con un horario concreto y bajo la supervisión del ordenanza mayor del Consistorio, es decir, con vigilancia y sin posibilidad de descargar la información para un estudio detallado posterior”.
“Entendimos entonces que se estaba vulnerando el artículo 23 de la Constitución Española, así como la Ley de Bases de Régimen Local y también la Ley de Transparencia”, ha explicado Asenjo. Por ello, y ante la negativa del alcalde y “su obsesión” por tener limitado y restringido el acceso a la información, el Grupo Popular acudió a la institución encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos para interponer una queja. Y ahora el Defensor del Pueblo ha resuelto que “el derecho de los concejales a obtener información municipal está íntimamente conectado con el derecho de participación política de sus integrantes recogido en el artículo 23 de la Constitución como derecho fundamental, en tanto que estos medios tienen como objeto facilitar a los concejales un normal ejercicio de sus funciones”. Por ello, resuelve que el Ayuntamiento de Guadalajara deberá:
“1.- Modificar el Reglamento Orgánico del Pleno con la finalidad de garantizarque el edil pueda descargar directamente sin solicitud previa los documentos electrónicos de acceso directo contemplados en el artículo 33.2 de dicho Reglamento.
2.- Modificar el Reglamento Orgánico del Pleno con la finalidad de entender integrado en el derecho de acceso a la información contenida en formato electrónico el derecho a la descarga del documento, de forma que no se requiera realizar solicitud previa para la obtención de copia y que en caso de que se estime el derecho de acceso por silencio administrativo, se permita la descarga de los documentos por el concejal solicitante.
3.- Garantizar el derecho de los ediles a consultar la información electrónica a través de equipos informáticos sin restringir dicho acceso a través de un equipo concreto y en un horario limitado, residiendo en los concejales el deber de guardar sigilo de la información obtenida y de hacer un uso responsable de la misma”.
Desde el Grupo Popular “confiamos en que el alcalde cambie de actitud y de aptitud y nos deje ejercer la oposición que es nuestro trabajo”. Porque “ahora mismo ha sido el Defensor del Pueblo el que le recrimina su actitud, pero también fue la Junta Electoral la que tuvo que recriminar a Rojo y a sus concejales que utilizaran el salón de plenos de forma electoralista y para fines partidistas del PSOE y el otro día fue el Gobierno de España el que le dejaba en mal lugar al manifestar que no habían solicitado una reformulación del programa de empleo conseguido por el anterior gobierno del PP por 3,5 millones de euros dejándolos perder”.