CSIF rechaza la congelación salarial y reclama un acuerdo de mejora de condiciones laborales de los empleados públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su rechazo a una congelación salarial de los empleados públicos, tras las informaciones periodísticas sobre esta cuestión.

Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo, ni que se les trate con globos sonda. Exigimos la apertura de la negociación sindical de inmediato.

CSIF pedirá hoy al Ministerio de Política Territorial y Función Pública iniciar ya una negociación, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, para abordar las retribuciones y la oferta de empleo público, ante las necesidades acuciantes de reforzar las plantillas de las administraciones en todos los ámbitos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia y Administración General del Estado entre otros).

Así, el sindicato reclama al Gobierno que se siente a negociar cuanto antes un acuerdo de legislatura para mejorar las condiciones laborales de los empleados/as públicos, en el marco de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

CSIF recuerda que el colectivo de empleados públicos ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la pandemia y hoy sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como la educación, la sanidad o las prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en dificultades.

CSIF recuerda además que los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, a lo que se añade la ‘tasa Cospedal’ del 3 por ciento en Castilla-La Mancha entre 2012 y 2018, por lo que reivindicaremos un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.

Entendiendo las dificultades que atraviesa la economía, es preciso avanzar en aspectos como la carrera profesional, el establecimiento de las 35 horas y de manera urgente en una regulación del teletrabajo y la solución al problema de la temporalidad.