Por otra parte, el PP asegura que la 'ley Celaá' es un pago de Sánchez a Podemos
Redacción | Miércoles 18 de noviembre de 2020
El PP de Castilla-La Mancha ha vuelto a denunciar este martes que el presidente regional, Emiliano García-Page, no haya puesto en funcionamiento el nuevo Hospital de Toledo durante la crisis sanitaria por la covid-19, y ha señalado que "el único afán de García-Page durante toda la pandemia ha sido hacerse la fotografía en un Hospital inmenso que está cerrado".
Así lo ha señalado la portavoz regional del PP, Claudia Alonso, quien ha manifestado que "García-Page ya tiene lo que quería, la foto de inauguración del nuevo Hospital de Toledo y unos minutos de gloria en medios de comunicación", ha informado el Partido Popular en nota de prensa.
Alonso ha recordado que otras comunidades autónomas sí han puesto en marcha este tipo de infraestructuras para tratar de descongestionar la presión asistencial ante la alta incidencia de coronavirus, como la región vecina de Madrid en Ifema y con la construcción de un hospital nuevo "en tiempo récord".
Mientras tanto, ha lamentado que en Toledo no se haya hecho lo mismo y siga habiendo "miles de personas en los hospitales, especialmente en el 'Virgen de la Salud', donde no hay suficiente espacio para atender a los pacientes de coronavirus", en medio de una segunda ola.
La portavoz 'popular' ha insistido en que el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha pedido a García-Page, desde el inicio de la pandemia, que pusiera a disposición de los enfermos de coronavirus el nuevo Hospital de Toledo, "pero se negó a ello porque solo estaba empecinado en la foto de inauguración", ha reiterado.
Además, ha indicado que, pese a la inauguración, 435.000 personas siguen sin ser atendidas en esta infraestructura porque todavía no ha abierto y lo que está previsto es que hasta finales de noviembre no empezará a funcionar y que hasta mediados del año 2021 no estará a pleno rendimiento.
LEY CELAÁ, PAGO DE SÁNCHEZ A PODEMOS
Por otra parte, el senador del PP por la provincia de Albacete Ramón Rodríguez ha afirmado este martes en Ciudad Real que la 'ley Celá' es un pago del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Podemos, independentistas y nacionalistas "por su apoyo a los PGE y para mantener un gobierno estable y poder gobernar toda la legislatura".
En rueda de prensa, donde ha estado acompañado por el presidente provincial y senador Paco Cañizares, el también miembro de la Comisión de Educación del Senado ha manifestado que "la ley Celaá no es una simple ley educativa, sino un pago por los servicios prestados que se demuestra con las líneas básicas que incluye la ley fruto de los acuerdos adoptados por PSOE, Podemos, nacionalistas e independentistas, porque este apoyo no es gratuito".
Así, según Ramón Rodríguez, "la educación de nuestros hijos se ha utilizado como moneda de cambio para garantizar la gobernabilidad de Sánchez e Iglesias y el primer acuerdo que toman es no dar cuentas a nadie para su redacción de forma que se redacta únicamente por políticos y sin dejar entrar a nadie".
El segundo acuerdo, ha explicado el senador, es que la ley debe contener las líneas básicas de los tres socios, y que en el caso de Podemos, exige estatalizar la educación, que la educación la debe controlar el Estado , avanzar hacia una escuela única, sin opciones de elección y con una ideología determinada.
Por su parte los nacionalistas e independentistas pretenden dar pasos hacia su desconexión con el Estado y acercarse un poco más a la independencia, exigiendo cuatro medidas que el senador del PP ha considerado innegociables: suprimir el castellano, poder decidir el mayor porcentaje de contenidos, elegir los inspectores "a dedo" y que la prueba de selectividad sea diferente en cada autonomía.
Ha añadido que el PSOE tiene dos objetivos principales, que son la promoción de curso y que desaparezcan los centros de educación especial y los alumnos se integren en colegios ordinarios.
A juicio de Ramón Rodríguez, la 'ley Celaá' es "un ataque al diálogo y al consenso, a la convivencia entre centros públicos y concertados, a la libertad de enseñanza y de elección, a la libertad religiosa, a la educación concertada, a la educación especial, a la pluralidad, a la enseñanza de calidad, al esfuerzo y el mérito, al profesorado, al castellano como lengua oficial de nuestro país y a la igualdad de oportunidades".
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