Los ediles del grupo municipal de IU Azuqueca de Henares denuncian la falta de control del gasto en el municipio.
Los ediles de Izquierda Unida han afirmado, después del examen de los decretos, que existen más de quince resoluciones de alcaldía en las que se indican que se procede al pago de las mismas, por un importe total de casi 200.000 euros, a pesar de que no existe el informe preceptivo, es decir, obligatorio, de la Intervención municipal.
La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar ha sido contundente al afirmar que el dinero que manejan las Administraciones Públicas es un dinero que no pertenece a los representantes políticos, aunque algunos lo olviden y lo gaste a capricho, ni a los gestores públicos, sino que es del conjunto de la ciudadanía, que con mucho esfuerzo cumplen sus obligaciones tributarias. Por este motivo,ha insistido en que el uso que aquellos hagan de esos fondos no puede ser discrecional, sino que debe estar sujeto a una serie de controles que garanticen su correcto empleo en aras del bien común y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.
Sin embargo, Pérez ha indicado que en Azuqueca de Henares rigen otras reglas. En lugar de existir un exhaustivo control presupuestario, el Gobierno de Blanco opta por la vía de los reconocimientos extrajudiciales de crédito o decretos de alcaldía que no son más que el reflejo de una manifiesta deficiencia en la gestión municipal y que se usan no solo con el fin de eludir el incumplimiento de la normativa de contratación, sino para gastar el dinero público de una forma discrecional.
Ha calificado la actitud del Gobierno de Blanco de insultante, al ser conocedor de los numerosos informes de la Intervención municipal en los que expresamente se indica la carencia de medios personales y materiales suficientes para un realizar adecuado seguimiento de la fiscalización del gasto públicoy no haber hecho nada, durante todos estos años, por solucionarlo.
La portavoz de la formación de izquierdas ha concluido afirmando que Blanco no tiene ninguna intención de proporcionar más medios para procurar un mayor control del gasto público porque sin él se mueve más cómodamente en los despilfarros y en los excesos.