La iniciativa se puede consultar en End Fossil Protection y, a través de una misiva, deja claro el posicionamiento de la comunidad científica de cara a la reunión del Consejo Europeo el 10 y 11 de diciembre. En dicha reunión se debatirán, entre otros puntos, estrategias comunes para hacer frente a la crisis climática, como un nuevo objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
Entre los firmantes se encuentran Olivier De Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y Derechos Humanos, Sandrine Dixson-Declève, co-presidenta del Club de Roma, o Jean-Pascal van Ypersele, vicepresidente del IPCC.
Según De Schutter, "el Tratado sobre la Carta de la Energía es una herramienta en manos de los actores más ricos y poderosos. Permite obstaculizar decisiones urgentes de interés público, como la lucha contra el cambio climático y el logro de una energía limpia y asequible para todas las personas. Socava la democracia. Los países europeos deberían iniciar una retirada conjunta lo antes posible".
En el Estado español, la petición ha sido apoyada por figuras como Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), Yayo Herrero, investigadora, consultora y profesora ecosocial, o Miguel Bastos Araújo, investigador científico en el MNCN-CSIC.
Valladares ha comentado que “el Tratado sobre la Carta de la Energía va en contra de la evidencia científica que demuestran las acciones que hay que tomar para converger en los objetivos de la cumbre de París y en la transición ecológica, energética y en la transición social necesaria para mitigar el cambio climático”.
España, con 48 demandas, es uno de los países más denunciados bajo el TCE. Hasta la fecha ha sido condenado a pagar a los inversores extranjeros más de 1.000 millones de euros pero las demandas ascienden a más de 8.000 millones. La implementación de la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética podría desencadenar una nueva oleada de demandas.
Esta petición de la comunidad científica se enmarca en la etapa final de la modernización del TCE, un proceso fallido iniciado en julio cuyo objetivo era abordar los grandes nudos gordianos del Tratado: la protección a los combustibles fósiles y el mecanismo ISDS para la resolución de disputas entre inversores y Estados.
Las negociaciones han finalizado y el TCE no se ha modificado: los Estados pueden ser demandados ante tribunales privados de arbitraje por medidas legítimas como la descarbonización del sistema energético.
Mediante esta carta la comunidad científica quiere alertar de los peligros que supone continuar en el TCE para la ciudadanía, el clima y el planeta. Si los países no abandonan este tratado, las consecuencias en 2050 podrían ser:
Hasta la fecha la Comisión Europea solo ha manifestado, en una respuesta a una pregunta parlamentaria, la posibilidad de abandonar el TCE si no se alcanzan los objetivos fundamentales de la UE en materia climática dentro del proceso de modernización del Tratado. Eso sí, no indica ningún tipo de plazo.