El Gobierno regional ha forzado la ruptura de las negociaciones y el posicionamiento en contra de todas las organizaciones sindicales con un acuerdo al alcance de la mano y con la disposición absoluta de las organizaciones a seguir negociando.
“Solo faltaban algunos detalles y un poco más de tiempo, pero la administración no nos lo ha dado, nos ha obligado a votar una propuesta que no estábamos en disposición de apoyar y ha provocado la ruptura absoluta”.
“Hemos terminado pidiendo a la Administración un día más, 24 horas para intentar acercar posturas y poder cerrar el acuerdo, pero querían cerrarlo como fuera, incluso sin acuerdo”.
Desde que se aprobara el Real Decreto-ley 29/2020 de 29 de septiembre que regula el teletrabajo, comenzó una marcha atrás de 6 meses en los que cada autonomía tenía que desarrollar su propia normativa para adaptarla a la normativa nacional. En Castilla-La Mancha hemos ido tarde como casi siempre, pero desde las organizaciones sindicales asumimos aquello de nunca es tarde si la dicha es buena.
Hemos mantenido durante toda la negociación una postura constructiva y evitando un ruido externo excesivo porque creíamos que merecía la pena y que el gobierno iba a estar a la altura, pero nos equivocamos, el Gobierno no ha estado a la altura de lo que estas circunstancias históricas requieren.
Hemos mantenido un total de 6 reuniones con la Administración y siempre con voluntad de acuerdo, hasta que el miércoles pasado alcanzamos un preacuerdo pendiente de ratificación. Hemos consultado a los empleados y empleadas públicas y hemos constatado que ese acuerdo estábamos en disposición de poder firmarlo. Nuestra sorpresa ha sido cuando hoy en la Mesa General de negociación el Director General de la Función Pública ha dado marcha atrás y ha dejado sin efecto el preacuerdo del pasado miércoles. Asombrados, le hemos pedido tiempo, seguir negociando, intentar acercar posturas; en última instancia le hemos pedido 24 horas para poder repensar por todas las partes, pero han decidido a sabiendas de lo que hacían reventar la negociación, romper la cuerda y forzar una votación que ya habíamos anunciado que sería negativa en las condiciones actuales.
No entendemos que teniendo un acuerdo a la vista la Administración rompa la negociación y fuerce el desacuerdo en una materia tan sensible y en un momento tan delicado. No entendemos el juego del todo o nada de la Administración, sepultando los avances y los acuerdos a los que habíamos llegado durante estos días, buscando una lectura en positivo aunque fuera sin acuerdo. Tampoco han querido; no les ha valido, se van al borrador inicial, revientan cualquier posibilidad de entendimiento y aún seguimos preguntándonos por qué.
Aun así, por la importancia que tiene esta cuestión, porque nuestra voluntad desde el principio ha sido acordar un decreto instamos al Gobierno a que vuelva a convocar la Mesa General y a que seamos capaces de cerrar un acuerdo, aún con pocas esperanzas de que atienda a razones, pero se lo volvemos a pedir.
La tarea principal de la Dirección General de la Función Pública es llegar a acuerdos con la parte social en las mesas de negociación, si no es capaz de hacerlo no está cumpliendo con su cometido, más cuando enfrente tiene posiciones “de acuerdo” no posiciones maximalistas. Es por ello que queremos dejar claro que por nuestra parte seguimos dejando abierta la senda del acuerdo, será función pública la responsable de no hacerlo, de cerrar la negociación en falso y de publicar un decreto peor que el aprobado por María Dolores de Cospedal, teniendo el voto a favor de toda la parte social solamente a un paso.