La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, ha manifestado que han tenido que esperar a que se publicara el acta de la Junta de Gobierno Local correspondiente al mes de enero, para comprobar que un informe-propuesta del Departamento técnico municipal, de fecha de 21 de enero de este año, para imponer penalidades al contratista, es decir, a PROIDMAN S.L. afirma que “los trabajadores siguen sin percibir las nóminas correspondientes a los meses de julio y agosto por los servicios que prestaron para la empresa adjudicataria de la piscina municipal de verano”, incumpliendo así la Cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, en el que se fija las obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
Pérez ha insistido en que es cierto que la responsabilidad la tiene la empresa con sus trabajadores, pero que la Administración concedente, en este caso, el Ayuntamiento, tiene una serie de atribuciones en la concesión administrativa objeto del contrato que no debe eludir, como son:
- Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y la documentación relacionada con el objeto de la concesión; así como dictar las órdenes precisas para mantener o restablecer la debida prestación del servicio.
- Ejercitar cuantas funciones le son inherentes como administración titular del servicio y de los bienes afectos, así como aquellas otras que la legislación vigente en cada momento le confiera.
María José Pérez ha indicado que el propio informe reconoce que la ausencia del abono de la nómina del mes de julio a los empleados y a tenor de lo que establece el artículo 16.1.2.a del Pliego de Prescripciones Técnicas constituye una Infracción Grave, que adquiere la condición de Infracción Muy Grave, en aplicación del mismo artículo en su apartado 1.3.h debido al carácter reincidente en las nóminas de agosto del mencionado personal laboral. Del mismo modo, el informe señala que en aplicación del artículo 16.2 que trata del “Régimen Sancionador” y a tenor de la elevada importancia y severas consecuencias sobre los trabajadores que prestaron sus servicios en la piscina municipal de verano durante el verano del 2020, el técnico municipal propone la máxima cuantía para este tipo de infracciones: 6.000 € de sanción.
Por esta razón, ha señalado la portavoz de IU que propuso en el último Pleno al Gobierno que esa cuantía que le va a exigir a la empresa concesionaria, la destine al abono íntegro de las nóminas que aún se les adeuda a los trabajadores, porque muchos siguen sin cobrar y otros han recibido sólo una parte de la cuantía adeudada a través del Fondo de Garantía Salarial, por lo que le aconseja que vaya buscando el soporte jurídico para poder hacerlo y reintegrar lo que por derecho es de los empleados.
María José Pérez ha finalizado lamentando, una vez más, la actitud del Gobierno al que le da absolutamente igual lo que suceda en el municipio: problemas habitacionales, de ocupación, de desempleo, la situación del comercio local y de los autónomos, incluso de que trabajadores que han prestado servicios para una instalación municipal, no hayan percibido aún sus nóminas correspondientes a los meses de julio y agosto. Por esa razón lo ha vuelto ha calificar como el peor gobierno de la democracia en Azuqueca de Henares.