La Junta de Castilla-La Mancha ha incumplido el plazo de seis meses que se impuso para abrir un expediente de sanción al propietario del castillo de Galve de Sorbe, por mantener a este inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural en unas condiciones inaceptables de conservación. El delegado provincial, José Luis Condado, se comprometió en febrero pasado, durante una rueda de prensa, a incoar el expediente sancionador en un plazo máximo de medio año. Transcurrido este tiempo sin que el Gobierno regional haya cumplido su palabra, la Asociación Castillo de Galve pide la máxima celeridad ante el abandono que sufre el monumento.
Un representante de la Administración regional informó la semana pasada a la Asociación Castillo de Galve de que el expediente se encontraba en fase de estudio en la Consejería de Cultura, que aún evalúa el trámite correspondiente y aún no ha procedido a dar los pasos necesarios para ejecutar la sanción. “No sabemos si el expediente no se ha abierto porque en la Delegación Provincial de la Junta no han hecho bien su trabajo y no han remitido la información necesaria o bien porque no existe voluntad de abrirlo por parte de quien puede hacerlo formalmente, que es el consejero de Cultura”, advierte Raúl Conde, presidente de la Asociación Castillo de Galve.
Representantes del Gobierno regional y de la Asociación Castillo de Galve coincidieron en febrero, durante una reunión mantenida en Guadalajara, de la necesidad de incoar un expediente de sanción al dueño del edificio por los reiterados incumplimientos de sus obligaciones legales y por entender que se había agotado, tras ocho años de contactos, la vía negociadora. La Asociación Castillo de Galve entiende que el propietario del castillo incumple tanto la ley de patrimonio estatal como la regional. Por ello, solicita que reciba la máxima sanción que contempla la legislación vigente, al considerar que ha incurrido en una infracción “muy grave”.
Por otro lado, la Defensora del Pueblo ha enviado a la Asociación Castillo de Galve un escrito con fecha 11 de septiembre en el que reprocha a la Junta “la tardanza” en enviar la documentación que la ha solicitado esta institución, tras la queja formulada en diciembre de 2013 por la entidad galvita. Es la segunda advertencia que la Defensora del Pueblo destina a la Junta por el retraso en la entrega de la información solicitada, clave para evaluar la queja presentada por la asociación de Galve.
Ante la dejación del Gobierno regional a la hora de atender sus requerimientos, la Defensora del Pueblo ha comunicado a la Junta de Castilla-La Mancha que exige “la remisión urgente de la misma”. A partir de ahí, analizará los pasos a dar.
En un escrito del pasado mayo, la Defensora del Pueblo aseguraba que “en caso de que la situación de falta de cumplimiento de sus deberes de conservación persista, se procederá a tomar alguna de las medidas que se contemplan en los artículos 23, 73 y siguientes” de la actual ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Todos estos artículos facultan a la Consejería de Cultura a tomar medidas de castigo contra el dueño.