Tras los actos vandálicos del último fin de semana del mes de mayo en diferentes parques y espacios públicos de la ciudad, el Gobierno municipal anunciaba el endurecimiento de las sanciones y un incremento de la vigilancia. La portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, María José Pérez Salazar, ha manifestado que estos comportamientos no son nuevos y que desde su formación llevan meses solicitando un incremento de la vigilancia para erradicarlos sin que el Gobierno haya tenido en cuenta la petición.
Pérez ha proseguido afirmando que es cierto que se trata de comportamientos incívicos, pero que ninguno exime al Ayuntamiento de su responsabilidad. Siempre hemos manifestado, y así lo dijimos en la sesión plenaria que se celebró en el mes de agosto de 2020, para aprobar urgentemente una ordenanza de convivencia y seguridad ciudadana, que hay que atajar cualquier conducta delictiva o incívica para procurar esa armonía de la que debe gozar la comunidad. Creemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben disponer de las herramientas necesarias para lograrlo. Sin embargo, no se trata de aprobar una norma o miles, porque además ya las teníamos, sino de disponer de los medios humanos y materiales y suficientes para poder hacerlo y por supuesto, de hacerlas cumplir.
La portavoz de IU ha insistido en que el fallo está en la mala del Gobierno municipal, que avisado tanto por la oposición como por el conjunto de la ciudadanía, no actúa con contundencia para evitar que estos comportamientos vandálicos sigan proliferando. Aunque quieran hacernos creer siempre que en Azuqueca nunca pasa nada, desgraciadamente los hechos demuestran que no es así y es la consecuencia de esa dejadez en la gestión.
Pérez ha finalizado señalando que este es el verdadero problema y no la falta de regulación, a la vez que le ha recordado al señor Pinillos, como responsable del área de Seguridad Ciudadana que es, que debería tener presente que la potestad reglamentaria municipal es el instrumento del que disponen los Ayuntamientos para fijar las reglas de convivencia ciudadana, con el que se permite dotar de seguridad y civismo a la comunidad y actuar allí donde las reglas no se respetan ,y que es su obligación hacerla cumplir.