Según ha manifestado la formación de izquierdas, la interventora municipal habría presentado reparo al pago de facturas, desde el mes de abril hasta la fecha, por importe de más de 400.000 euros.
Los reparos se han formulado por la interventora, bien por omitir requisitos o trámites esenciales en el expediente o bien por no existir consignación presupuestaria suficiente o no ser adecuada al gasto.
La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, ha señalado que las contrataciones públicas precisan de una previa consignación presupuestaria y autorización del gasto. La omisión de estos trámites vulnera no sólo los principios de control del gasto público establecidos en la normativa presupuestaria, sino también interdicción de la arbitrariedad, igualdad y objetividad conforme a los que deben actuar las Administraciones públicas. Por eso, la Intervención municipal, que es quien realiza la labor fiscalizadora, le advierte al Equipo de Gobierno, de manera reiterada, Pleno tras Pleno, que está en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción.
Pérez ha insistido en que el Gobierno les oculta información porque no conocen lo que dice realmente el informe de Intervención para que estas determinadas facturas sean objeto de reparo ni tampoco del pronunciamiento que hace el Tribunal de Cuentas cuando se le comunica estas irregularidades.
La portavoz de la agrupación ha finalizado afirmando que determinados reparos no atendidos, tal y como indica el propio Tribunal Supremo en varias de sus sentencias, pueden dar lugar a prevaricación. De ahí que su grupo se manifestase en contra del levantamiento de reparos, no porque no se deba abonar el importe de esas facturas, sino por las irregularidades de estos comportamientos en la gestión del dinero público y por las consecuencias que pueden conllevar.