El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha incidido esta mañana en “la imperante necesidad de bajar los impuestos en Castilla-La Mancha”, es más, ha afirmado que si los socialistas no acceden a bajarlos, “será Paco Núñez el que en 20 meses, en 2023, lo haga cuando consiga llegar al Gobierno de esta región”.
El senador del PP ha denunciado el “doble infierno fiscal” que tienen que sufrir los castellanos manchegos con Sánchez, en el Gobierno de España, y con Page, en Castilla-La Mancha, y precisamente, frente al infierno fiscal” de Page en nuestra región, el PP-CLM, propone una “ambiciosa” propuesta de bajada de impuestos.
Esta iniciativa incluye la bajada del IRPF, la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, la rebaja del impuesto de Actos Jurídicos Documentados y el de Transmisiones y Patrimonio, además de la eliminación del impuesto sobre la compra-venta de suelo industrial cuando un autónomo o pyme quiera emprender una actividad productiva.
Lamola ha subrayado que una política con baja fiscalidad ayuda a la economía y a la empleabilidad, es por eso que PP-CLM “va a seguir trabajando para que el gobierno socialista de Page lleve a cabo esas bajadas de impuestos”. Desde nuestra formación, ha dicho, “tenemos claro que hay que bajar los impuestos para beneficiar a las familias, a los autónomos y a las pymes porque es más necesario que nunca relanzar la creación de empleo y mejorar la contratación”.
Sobre el anuncio del consejero de Hacienda, relativo a los presupuestos y a la supresión de algunas tasas que se venían pagando, como algunas bonificaciones y deducciones fiscales en el IRPF o el impuestos de Actos Jurídicos Documentados en unos supuestos, desde el PP “nos congratulamos” de que el Gobierno regional haya tomado nota de las medidas que le ha venido proponiendo el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, aunque ha aseverado que “son insuficientes”.
Por otra parte, el senador del PP ha asegurado que responsable del ejecutivo autonómico y del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es el máximo exponente “del cinismo y la hipocresía, presumiendo de moderación aparente pero, de manera simultánea, elige como compañeros permanentes de viaje a los más radicales, a Podemos y EH Bildu”.
Igualmente ha recordado que Page fue el primer socialista que pactó con Podemos, en el año 2015, rechazando la mano tendida del PP y de Paco Núñez, por lo que su “sintonía” y “simpatía” hacia la formación morada es más que evidente. “Y no sólo con la formación morada, sino también con Bildu, a quienes los socialistas le deben el Gobierno de España”.
Sobre el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral y que se fraguó hace año y medio, en mayo de 2020 y en plena pandemia, recuerda que ese acuerdo pretende derogar, por una cuestión más ideológica que técnica, “una reforma que ha generado más de tres millones de empleos, y ha permitido articular los ERTES, que han sido la formula fundamental durante la pandemia para que muchos españoles y castellano manchegos pudieran tener una prestación y garantizar su empleo. Además, esta derogación puede poner en peligro los fondos europeos”.
El senador ha afirmado que España “necesita estabilidad y seguridad jurídica, no incertidumbre, inestabilidad e inseguridad jurídica como las que está generando el Gobierno de Sánchez, que junto con súbditos como Page en Castilla-La Mancha están poniendo en peligro la recuperación y el empleo”.
Lamola también se ha referido al “vergonzoso e histórico” precio de la luz, el más alto de toda la historia “que estamos soportando todos los españoles” y ha criticado el “impuestazo” que Sánchez quiere que paguemos por utilizar las carreteras publicas implantando peajes, a “unas autovías que ya hemos pagado los españoles con nuestros impuestos”, ha afirmado.
Polémica por las subvenciones directas otorgadas por el Gobierno
El senador ha recordado que cinco comunidades autónomas has solicitado una convocatoria urgente y extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales después de que haya trascendido las "subvenciones directas a cuatro comunidades, en las competencias de gestión del SEPE previstas en el artículo 18 h) de la Ley de Empleo".
En concreto, y poniendo nombre y apellido a todas las partes implicadas, las autonomías que se han quejado son; Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Galicia. Mientras que los territorios a los que se habría concedido las ayudas directas son; Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra, ninguna de ellas gobernada por el PP.
Lamola ha explicado que cada administración autonómica de las mencionadas anteriormente ha remitido una carta a la vicepresidenta Yolanda Díaz argumentando que, "ninguno de los planes y programas que pretende financiar tienen encaje legal en la letra h) del artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Empleo”. Por ello, podría afirmarse que con este Real Decreto, “el Estado vulnera el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y utiliza de forma fraudulenta la reserva de crédito del SEPE no sujeta a la distribución en Conferencia Sectorial, para repartir fondos adicionales a cuatro comunidades sin conocimiento previo de la Conferencia Sectorial, sin justificación alguna y alterando el sistema de distribución de fondos legalmente establecido".