El PP presentará una moción este mes para que el pleno manifieste su “solidaridad y reconocimiento” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como su “total apoyo a las reivindicaciones planteadas por las organizaciones sindicales policiales y asociaciones de Guardia Civil en contra de esta reforma”
Redacción | Jueves 02 de diciembre de 2021
Los concejales del Grupo Municipal Popular Encarna Jiménez y Armengol Engonga han dado a conocer hoy en rueda de prensa la moción de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que su grupo presentará al Pleno de este mes de diciembre en el Ayuntamiento de Guadalajara. Dicha moción viene motivada por la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que está siendo objeto de tramitación parlamentaria por parte del Gobierno de Sánchez, y a la que el Partido Popular se opone por diversas cuestiones.
La concejala Encarna Jiménez recordó que “la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana fue aprobada durante el Gobierno del Partido Popular” y “cumple con una finalidad esencial para el conjunto de los españoles: crear un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades”. Por contra, ha añadido, “el Gobierno de PSOE y Podemos ha acordado derogarla introduciendo enmiendas a la Proposición de Ley sobre modificación de dicha Ley de Seguridad Ciudadana que ha presentado el Grupo vasco del Congreso de los Diputados”. Jiménez ha remarcado que “la actual Ley de Seguridad Ciudadana fue consecuencia de una reforma necesaria, conveniente y oportuna que dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad y, en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
“Esta proposición de ley entró en el Congreso por iniciativa del grupo vasco a principios de 2020 y es ahora a finales de 2021 cuando el Gobierno decide impulsarla: está clara que el Gobierno está cambiando seguridad por presupuestos”, ha dicho la concejala del Grupo Popular añadiendo que “esta reforma pretende aprobar una ley antisistema, hecha y condicionada por los herederos de ETA, por los que quieren expulsar a la Guardia Civil de una parte del territorio español como es ERC y por los condenados por agredir a policías; no se nos puede olvidar a nadie que un vicepresidente del Gobierno -en alusión a Pablo Iglesias- decía emocionarse cuando golpeaban a un policía con un adoquín”.
Acuerdos que se llevarán al pleno del Ayuntamiento
Por ello, la moción del Grupo Popular busca que el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara manifieste “solidaridad y reconocimiento” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como su “total apoyo a las reivindicaciones planteadas por las organizaciones sindicales policiales y asociaciones de Guardia Civil en contra de esta reforma”; instar al Gobierno de España a que paralice la tramitación de la reforma y vuelva al diálogo con los representantes de las organizaciones sindicales policiales y de la Guardia Civil y que se dé traslado de la presente moción y de los acuerdos adoptados por este Pleno al Ministro del Interior, a todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, a las organizaciones sindicales de policía, asociaciones representativas de los distintos estamentos de la Guardia Civil, así como a la FEMP.
Con la actual ley de Seguridad Ciudadana “se apostó por dar mayor protección al derecho a la reunión y manifestación pacífica y sancionar mejor y de forma más proporcional. Con su aprobación, no se restringieron los derechos de reunión, manifestación y huelga, ni se otorgó a la policía un poder excesivo, sino que creó un marco adecuado para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha incidido Jiménez. Además, “la aplicación de la Ley ha sido fundamental para la puesta en marcha de medidas de control para evitar la extensión de la pandemia del Covid y, de hecho, ha sido utilizada de forma habitual por el actual Gobierno. Los ataques a esta Ley han estado basados en criterios puramente de desgaste político, con argumentos de manual partidista”.
La Ley de Seguridad Ciudadana es plenamente constitucional y así lo confirmó la Sentencia de 19 de noviembre de 2020 del Tribunal Constitucional, que rechazó con contundencia los argumentos jurídicos que entonces planteó la oposición. “El propio Marlaska abogaba por esta ley cuando pertenecía al Consejo General del Poder Judicial y ahora ha cambiado su estrategia y su pensamiento”, ha recordado Jiménez.
Engonga: “Es una línea roja que ataquen a los defensores de la libertad y seguridad”
Por su parte, el concejal del Grupo Popular Armengol Engonga ha comentado algunos de los cambios que pretende esta reforma y que pasan, entre otros, por permitir la realización de manifestaciones espontáneas sin necesidad de comunicación previa; limitar la presunción de veracidad de los atestados policiales eliminando el principio de autoridad del agente y dificultando la persecución de determinados delitos; que la captación y difusión de imágenes de las actuaciones policiales deje de ser sancionable comprometiéndose con ello la seguridad e integridad del propio agente y de su entorno familiar; reducir de 6 a 2 horas el tiempo de detención de aquellos que se nieguen a identificarse, y se obliga a los agentes a devolver al detenido al mismo lugar en el que se practicó la detención; o limitar el uso de material antidisturbios sin facilitar alternativas para realizar las intervenciones.
Engonga ha dicho que “todas estas medidas han encontrado el rechazo frontal de las principales organizaciones sindicales que han denunciado la desprotección a la que se les somete quedando claramente comprometidas tanto la seguridad jurídica de las actuaciones policiales, así como la seguridad e integridad física de los propios agentes”. “Es una línea roja que ataquen a los defensores de la libertad y seguridad”, ha incidido Engonga, por ello “desde el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara queremos apoyar las justas reivindicaciones expresadas por los representantes de las organizaciones policiales y de Guardias Civiles ante un gobierno que pretende dejarles literalmente “vendidos”, ya que esta reforma les pone contra las cuerdas, coarta su capacidad de actuación y pone en riesgo su integridad física y la de sus familias”.
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