Unidas Podemos-IU asiste a una reunión en el Ministerio de Derechos Sociales donde advierte de la situación irregular en Guadalajara con la instalación de megaplantas fotovoltaicas

Unidas Podemos-Izquierda Unida de Guadalajara acude a una reunión en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 donde se ha puesto al corriente a Gabriel Castañares Hernández, Director General de Políticas de Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, y a Juan Ramón Crespo, coordinador de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha y asesor del gabinete de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, acerca de la avalancha de megaproyectos fotovoltaicos que se están implantando en la provincia de Guadalajara.

En la reunión celebrada el pasado viernes se expuso la problemática de las fotovoltaicas en diferentes zonas de las dos provincias castellano-manchegas.

En el caso de Guadalajara, se puso de manifiesto que “la situación en la Campiña es extrema”. El paradigma de este movimiento hiperexpansivo es la Campiña, donde han salido para alegación pública, entre mayo y junio, proyectos que cubren una extensión de 3.428 hectáreas. Estos mismos se suman a las 3.112 hectáreas que ya estaban en trámite en abril, suponiendo un aumento de más del 100% en esta comarca. “Estamos hablando de una extensión total de 6.540 hectáreas”, que son equivalentes, nada más y nada menos, que a los municipios de Cabanillas del Campo, Alovera y Azuqueca de Henares juntos. También se hizo alusión al megaproyecto de Solaria en los alrededores de la Central Nuclear de Trillo, con 1.200 ha de placas fotovoltaicas en los términos municipales de Budia, San Andrés del Rey y Peralveche, y se hizo hincapié en las repercusiones altamente negativas para el patrimonio natural, la diversidad biológica, la agricultura, la ganadería o el paisaje.

Por su parte, los representantes de la provincia de Toledo alegaron que “el principal causante de este sinsentido es la falta de planificación y la ordenación territorial”, exigiendo “criterios bien definidos” sobre áreas de exclusión de renovables y zonas prioritarias para este tipo de grandes instalaciones con el objetivo de proteger el suelo. En la práctica, el cambio de modelo energético se está dejando en manos de grandes fondos extranjeros que, además, están impulsando una transición energética realmente injusta porque no están teniendo en cuenta ni a los territorios, ni a sus habitantes.

Elaborar planes de ordenación territorial desde las comunidades autónomas consensuados con los agentes sociales del territorio; modificar planes de ordenación municipal; tratar la gravedad del asunto en las comisiones delegadas del Gobierno: la de Agenda 2030 o la de Reto Demográfico; y organizar un encuentro multitudinario enfocado al medio rural, a la ganadería, a la agricultura, a la biodiversidad y al fenómeno de la despoblación en el marco de una transición energética justa, son algunas de las alternativas que se pusieron sobre la mesa para solventar esta escabrosa situación.

El ruido ha comenzado a sonar con esta reunión, que traslada directamente al Gobierno central la lacra que supone la instalación masiva de estos megaproyectos fotovoltaicos, sin obviar la voluntad de querer poner en marcha la producción energética a través de energías limpias y renovables, pero no a través de este modelo descontrolado e invasivo, que no constituye garantías ambientales y atenta directamente contra el futuro de las generaciones venideras, ya que se trata de una burbuja especulativa en toda regla; también contra la salud y el desarrollo de los seres vivos que habitan en estos entornos y la soberanía alimentaria.