Redacción | Lunes 12 de septiembre de 2022
El sindicato UGT ha elaborado un informe sobre la situación de la jurisdicción social en el que se constata que la duración media de procedimientos judiciales urgentes se alarga en Castilla-La Mancha hasta 7 meses, y la de los ordinarios hasta los 13 meses, unos incumplimientos de los plazos legales que menoscaban el derecho a la protección judicial de las personas trabajadoras.
Según los datos aportados por este informe, hay una gran diferencia de los plazos entre unas comunidades autónomas y otras, e incluso entre provincias, independientemente de su población. La mayor duración para la resolución de procedimientos se produce en Andalucía, Baleares y Murcia, si bien Castilla-La Mancha se encuentra por encima de la media nacional, que es de 5,8 meses para los procedimientos urgentes y de 11 meses para los ordinarios.
UGT insta a adoptar medidas urgentes que solucionen este atasco judicial y recuerda su demanda de recuperar la regulación de los salarios de tramitación, previa a la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular en 2012, porque eso ayudaría a que los trabajadores/as puedan obtener una reparación material de las dilaciones indebidas que se produzcan en los juzgados y no tengan que soportar un menor peso de negociación en conciliaciones y mediaciones previas.
El sindicato defiende impulsar los medios de solución de conflictos extrajudiciales, como forma de alcanzar una pronta solución a los conflictos evitando su excesiva judicialización, algo que deben promover las Administraciones Públicas.
UGT denuncia que los retrasos en la resolución de los procedimientos se estén alargando hasta situaciones no aceptables en un Estado Democrático. Para solucionar esto propone varias medidas, entre ellas, aprobar el Proyecto Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, con objeto de mejorar este servicio público esencial y reducir los tiempos de los procedimientos; aumentar el número de recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia; incrementar las posibilidades de dictar sentencias «in voce» u orales y la creación de más tribunales de instancia y oficinas judiciales digitales; y que, una vez que se renueve, el Consejo General del Poder Judicial fomente y vigile la tutela judicial social para que llegue efectivamente a las personas trabajadoras y a las empresas.
UGT también muestra su preocupación por la parálisis del Consejo General del Poder Judicial, pues esta situación repercute también en las personas trabajadoras. Gran parte de los conflictos laborales se terminan dirimiendo en los juzgados de lo Social y aquellas cuestiones de la reforma laboral susceptibles de interpretación van a terminar siendo unificadas por el Tribunal Supremo. Así, con la parálisis del CGPJ la reforma laboral llegará al Supremo para 2026. Es decir, los plazos de resolución de los juzgados de lo social (ya de por sí muy largos) pueden alargarse un año más si hay recurso al Tribunal Superior de Justicia y 2 años si va al Supremo, esto es hasta 2026.
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