Don Francisco Martínez Arroyo, consejero de agricultura de Castilla-La Mancha, ha afirmado que el acuerdo alcanzado ayer jueves 13 de abril, entre la Plataforma de Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas y Unidas Podemos, perjudica a todos los agricultores castellanomanchegos. Nosotros nos asombramos que alguien tan inteligente como el sr. Arroyo ocupe dicho cargo y no se encuentre en la ONU solucionando los problemas del mundo: ¿desde cuando cobrar 200 euros más por hectárea es perjudicar a los agricultores?
Miente este señor cuando lo dice, arguye que, de haber mantenido las primas publicadas en el diario oficial de la comunidad autónoma en su día, no hubiera habido dinero para el resto de agricultores, pero la realidad es que del presupuesto del Programa de Desarrollo Rural (PDR) ha cogido 500 millones de euros para dárselos a la empresa GEACAM y que por su mala administración se han tenido que devolver otros 700 millones a Bruselas. De un presupuesto total de 2.100 millones se han devuelto o desviado a usos indebidos 1.200 millones, que como es fácil comprender habrían permitido cubrir las necesidades de todos los agricultores de la región. El sr. Martínez Arroyo, con el visto bueno de García-Page, ha quitado a los agricultores 1.200 millones de euros de los fondos europeos del PDR.
Echa la culpa don Francisco al Gobierno de Cospedal, diciendo que no había dinero suficiente para pagar a los agricultores ecológicos tal y como estaba publicado en la orden, vuelve a mentir descaradamente pues entre lo que se devuelve a Bruselas y el dinero que se ha desviado a GEACAM supone 1.200 millones de euros; dinero había y más que de sobra tanto para la ecológica como para planes de mejora, jóvenes agricultores, zonas desfavorecidas y de montaña, etc.
Miente de nuevo cuando dice que el PDR no estaba aprobado, pero calla que la orden de convocatorias de ayuda a la agricultura ecológica sí estaba publicada y que esta es un compromiso que obliga a las dos partes, a la administración y al solicitante, pero él mismo, como ha reconocido públicamente, tomó la decisión de recortar un 67% la cuantía de las ayudas a sabiendas de que perjudicaría a miles de agricultores.
Miente de nuevo cuando dice que la línea de agricultura ecológica era la más dotada del PDR puesto que GEACAM se ha llevado trescientos millones más. Con la diferencia que el presupuesto de los ecológicos se reparte entre miles de explotaciones y el de GEACAM es destinado íntegramente a una sola empresa.
El señor Arroyo no contento con este encadenamiento de mentiras tergiversa los hechos al decir que tuvieron que arreglar el desaguisado del Gobierno de Cospedal. La realidad es que el presupuesto para el conjunto de medidas agroambientales en aquel gobierno era de 429 millones de euros, y que en el PDR que ha elaborado el señor Martínez Arroyo que es el que ha entrado en vigor en enero, el presupuesto se ha reducido a 232,7 millones de euros. Lo que deja de manifiesto una vez más, el distanciamiento entre el consejero y la verdad.
Miente cuando afirma que el Gobierno de Page es el que más destina a la agricultura ecológica, pues mientras Barreda destinaba 41 millones al año, Cospedal destinaba 53 millones y ahora solo destinan 30 millones al año.
Todavía estamos esperando que se cumpla el anuncio que hizo el señor consejero en el famoso pacto de Tomelloso: anunció el incremento de las primas de los cultivos herbáceos de 100 a 140 euros la hectárea y las del olivar de 200 a 220 euros por hectárea. Ante toda esta situación nos preguntamos qué opinan las organizaciones, Asaja, Upa, Coag y Cooperativas Agroalimentarias, que firmaron el famoso Pacto de Tomelloso: ¿Que está todo bien? ¿Siguen dándole palmaditas en la espalda al señor consejero? ¿O es que como reciben la correspondiente subvención anual tienen que tener la boca callada para que no se enfade el señor consejero?
Por último, ha afirmado que "cada uno es responsable de sus actos y nosotros lo hemos venido demostrando estos años en los que ha habido más de 8.000 productores que se han beneficiado de estas ayudas". Aquí sí que no nos queda más remedio que reconocerle que lo que dice es cierto. Cada uno es responsable de sus actos por lo que él como responsable de las nefastas políticas que han arruinado al campo de la región y que los agricultores han debido soportar durante ocho años, no es lo mismo soportar que ser beneficiario, debe asumir esas responsabilidades y presentar su dimisión de inmediato o en todo caso el presidente del Gobierno autonómico debe cesarle. concluye el Comunicado