Los ediles de IU lamentan que el conflicto de las trabajadoras de la limpieza en Castilla-La Mancha persista y que la Administración competente como es la JCCM, no vele por los derechos laborales y salariales de todas ellas.
Quince mil personas trabajadoras de Castilla-La Mancha, prácticamente todas ellas mujeres y con salarios muy bajos, en la mayoría de los casos por debajo incluso del SMI, continúan con sus convenios colectivos caducados desde finales de 2021, acumulan además, en los dos últimos años, una pérdida real de poder adquisitivo del 12,4% frente al IPC y el Gobierno de Emiliano García-Page sigue sin hacer nada, ha señalado la portavoz del grupo y candidata a la Alcaldía, María José Pérez Salazar.
El pasado 2 de marzo, ha proseguido Pérez, nuestro grupo presentaba al Pleno de la Corporación una moción en la que, aparte de manifestar públicamente el apoyo a las trabajadoras del sector y a sus reivindicaciones laborales, encomendábamos al señor Alcalde una serie de actuaciones, como era las de dirigirse a la patronal, a la Consejería de Economía y Hacienda, al Presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y al Presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, para intentar así mediar en el conflicto y procurar, en la medida de lo posible, su resolución. Por último, mantendría una reunión con los portavoces de los grupos y concejales no adscritos, para que en el plazo máximo de un mes explicara el avance de todas esas encomiendas. El mismo Alcalde manifestó en el Pleno que reuniría a todos en la primera semana de abril y por supuesto, confiamos en su palabra.
Desgraciadamente, ha pasado un mes y medio y esa convocatoria no se ha producido y lo más grave de todo es que las trabajadoras del sector siguen en la misma situación debido a la inacción de unos y otros.
Pérez insiste en que el trabajo que prestan estas mujeres es esencial y que entre las administraciones públicas usuarias de los servicios laborales de estas trabajadoras sobresale, de forma muy destacada, la JCCM y cuantos organismos la integran y dependen de ella, además de numerosas corporaciones municipales, entre la que se encuentra nuestro Ayuntamiento. Por esta razón, todas las administraciones deben involucrarse y actuar en favor de estas 15.000 trabajadoras porque es su responsabilidad ya que son los principales clientes de la patronal del sector.
Las reivindicaciones fundamentales de las trabajadoras no solo son perfectamente asumibles, sino que son absolutamente justas: una subida salarial para recuperar en cuatro años el poder adquisitivo perdido, cláusula de revisión salarial y reducción de la jornada laboral para equiparse a los empleados públicos donde en la mayoría de los casos prestan servicio. Así que volvemos a instar al señor García-Page a que se implique en la resolución del conflicto, ya que ha destinado 120 millones de euros de dinero público y no para que se lucren a las empresas a costa de las condiciones de las trabajadoras, y al señor Alcalde, José Luis Blanco, para que nos reúna a la mayor brevedad y rinda cuentas de su gestión en ese asunto. De nada sirve la palabra si no las cumple.