CSIF vuelve a reclamar la devolución de las subvenciones concedidas en CLM a CCOO, UGT y Cecam (59,5 millones de euros desde 2014) para ser destinadas a hacer frente a la inestabilidad del mercado laboral

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta la importante subida del número de parados en Castilla-La Mancha (4.266), que convierte a la región en la segunda comunidad autónoma que más puestos de trabajo destruyó en octubre, sólo por detrás de Andalucía.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, este cuarto incremento consecutivo deja la cifra total de parados en 135.574 personas, con subidas del paro en todas las provincias. Además, el incremento del desempleo fue más acentuado para las mujeres (66% del empleo total destruido).

A pesar del buen dato interanual, con 8.986 parados menos que en octubre del pasado año, las cifras muestran los problemas estructurales del mercado laboral de Castilla-La Mancha, demasiado estacional con cuatro meses consecutivos de pérdidas de empleo que suman 8.422 parados más. En el mismo periodo de 2022 (julio, agosto, septiembre y octubre) la destrucción fue menor (6.164), signo de debilitamiento y estancamiento, también reflejado en el aumento de cinco puntos porcentuales en la contratación temporal y en la pérdida de más de 7.000 cotizantes a la Seguridad Social.

Entre la pérdida de afiliación a la Seguridad Social destacan los 3.107 cotizantes menos en Sanidad, coincidiendo con la campaña de vacunación y la llegada del mal tiempo, con el incremento de patologías respiratorias que acarrea esta estación y la consecuente presión asistencial.

Para CSIF, la protección a los colectivos más vulnerables por la inestabilidad del mercado laboral es fundamental. En este sentido, la Central Sindical vuelve a reclamar la devolución de las subvenciones concedidas por el Gobierno regional a CCOO, UGT y Cecam (la cifra asciende a 59,5 millones de euros tras los 90.000 euros ingresados a la patronal el pasado 24 de octubre).

Estas subvenciones, en lugar de financiar a organizaciones afines al Gobierno, deberían ser destinadas a políticas de empleo eficaces, a la generación de empleo de calidad y estable y al fortalecimiento de los servicios públicos.