La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se consolida como el sindicato más representativo en la Administración General del Estado (AGE), una vez que la Mesa General de Negociación ha ratificado los resultados de todos los procesos electorales celebrados en 2023 en el conjunto de la Administración General del Estado.
En total, CSIF ha logrado el 38,8 por ciento de representatividad (1.124 delegados), muy por delante de UGT (31,3 por ciento y 907 delegados) y CCOO (27,3 por ciento y 793 delegados), así como de CIG y ELA. El resto de sindicatos se quedan fuera de las mesas de negociación por no alcanzar el mínimo exigido de representatividad.
En el caso concreto de Castilla-La Mancha, en un proceso electoral en el que se eligieron un total de 148 representantes de los trabajadores, CSIF sumaba un total de 64 delegados (37 de personal funcionario y 27 de personal laboral), lo que arroja una representación del 43,2%, por delante de UGT (23%) y CCOO (21,6%).
De esta manera, CSIF renueva por tercer mandato consecutivo como primera fuerza en la Administración General del Estado en la suma tanto de personal funcionario como de personal laboral. El sindicato agradece el respaldo obtenido por parte de los trabajadores y trabajadoras, y reitera su firme voluntad de seguir defendiendo mejoras laborales y de los servicios.
La amplísima representación lograda por CSIF le permitirá continuar defendiendo la mejora de las condiciones laborales de las/os empleados públicos en las negociaciones con la Administración General del Estado.
En concreto, para CSIF es fundamental la puesta en marcha, entre otras, de las siguientes medidas:
- Eliminar la tasa de reposición.
- Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
- La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial para el conjunto de empleadas y empleados públicos, la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.
- Planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido cerca de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.
- Desarrollo de la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos.
- Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP.
- Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.
- La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
- La adecuada trasposición de la Directiva Europea para que el permiso parental sea retribuido.
- Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.