El PP lamenta que PSOE y Ahora voten en contra de la deuda de 8 millones en empleo que la Junta tiene con la Diputación

La Diputación Provincial de Guadalajara va a trasladar y recordar al Gobierno regional de Castilla-La Mancha el compromiso asumido con esta Institución por importe de 8 millones de euros, asignados a la misma dentro del Programa Operativo Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020, previsto para la medida de iniciativas de empleo local en áreas territoriales con desventajas.

Dicha propuesta ha sido presentada conjuntamente por el Grupo Popular y el de Ciudadanos en la Diputación y en la misma se manifiesta la “irrenunciabilidad de dicha cantidad con la que se prevé la implementación de itinerarios integrados de inserción que permitan la mejora y adaptación de las competencias y cualificaciones profesionales de la población, de conformidad con las necesidades del mercado de trabajo, y los incentivos a la creación de empleo, por cuenta propio o ajena, sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental, con especial consideración de las personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social”.

La portavoz del Grupo Popular y vicepresidenta de la Diputación, Ana Guarinos, ha incidido en el “deber de la institución para defender los intereses de nuestra provincia y de nuestras gentes” y más en un tema como el empleo, ha apuntado recordando la caída del empleo durante la crisis económica y las actuales cifras de empleo que han podido remontar “gracias a las políticas del Partido Popular”. Del mismo modo, Guarinos ha hecho hincapié en la compatibilidad de estos fondos comprometidos con los fondos destinados al Plan Extraordinario por el Empleo, “de manera que estos últimos no impliquen que por parte del Gobierno regional se detraigan y quiten, es decir, se sustraigan, los ya asignados a la provincia de Guadalajara por importe de 8 millones de euros”.

En virtud de la propuesta, se solicita también al Gobierno regional que “se reitere urgentemente el compromiso asumido por la Junta en el presente ejercicio en relación con estos fondos” así como “dar traslado de los presentes acuerdos a la Junta y a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes”.

La portavoz popular ha lamentado, asimismo, que ni el Grupo Socialista ni Ahora Guadalajara hayan querido sumarse a reclamar estos fondos que no tienen otro fin que la creación de empleo, el asunto que más preocupa y viene preocupando a la sociedad guadalajereña, de la región y de España en general.

CONVENIO SANITARIO MADRID
El Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara ha aprobado una propuesta, a instancias del Grupo Popular, para el mantenimiento del convenio sanitario con Madrid en defensa de la sanidad para todos los ciudadanos de Guadalajara.

Así, la Institución ha mostrado su apoyo al manifiesto de la Plataforma Ciudadana en defensa del Convenio Sanitario con Madrid dejando constancia que comparte sus objetivos e iniciativas, y se compromete a dar difusión de comunicación y apoyo a las acciones promovidas desde la Plataforma en defensa de dicho convenio. Del mismo modo, se insta a la Junta a continuar con su aplicación en toda su extensión, cumpliendo los plazos y condiciones ya aprobados por ambas comunidades autónomas.

El diputado del Grupo Popular Francisco Javier Pérez se ha referido al manifiesto de la Plataforma mostrándose de acuerdo con que “el acceso a los servicios sanitarios es una prioridad para todos los ciudadanos, que demandan su derecho a una atención sanitaria cercana y de calidad”. En este sentido, no se comprende “el voto en contra del Grupo Socialista y de Ahora Guadalajara cuando lo que estamos pretendiendo es velar y garantizar un derecho recogido en la Constitución española”.

“Los habitantes de la provincia de Guadalajara y de los municipios del norte de Toledo, que limitan con la Comunidad de Madrid, han reclamado históricamente su derecho a recibir atención sanitaria en el hospital más cercano, sin tener en cuenta a qué comunidad autónoma se pertenece”, ha leído Pérez del Saz, lamentando que “las Cortes de Castilla-La Mancha acordaran el pasado 1 de octubre la suspensión del convenio sanitario, lo que priva a 350.000 personas del derecho a recibir atención sanitaria en el hospital más cercano, ocasionándonos un grave perjuicio y gran preocupación”. Por ello, el diputado ha calificado esta medida de “antisocial”, al igual que la ha calificado la Plataforma, tomada además de forma “unilateral y motivada por intereses ajenos a la prestación asistencial sin priorizar la salud de los vecinos” y “reavivando el fantasma de los problemas en la atención sanitaria en las poblaciones fronterizas con otras comunidades autónomas”.