Comienza el juicio contra el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó

Este martes comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y su ex director general Ildefonso Ortega por una presunta maniobra contable con las que ocultaron las millonarias pérdidas de la entidad del ejercicio 2008.

Los dos se enfrentan a una condena de dos años y medio de prisión y a su inhabilitación durante ese tiempo, después de que la Fiscalía viera indicios de un delito societario en una maniobra que les ayudó a anunciar un beneficio de 30 millones de euros en lugar de unas pérdidas de 182 millones que arrastraba la antigua caja.

El escrito de conclusiones provisionales de los fiscales Luis Rodríguez Sol y Ana Cuenca refiere que el 11 de marzo de 2009 los estados financieros se remitieron a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), afirmando que la entidad cerró el ejercicio de 2008 "con un beneficio consolidado de 29,86 millones de euros. "Numerosos medios de comunicación nacional difundieron esta noticia", apunta antes de indicar que las correcciones de los nuevos administradores de la entidad no se conocieron hasta julio y agosto de 2009.

Las nuevas cuentas, aprobadas después de la intervención de la caja y el nombramiento como administradores de tres funcionarios del Banco de España, reflejaban un resultado negativo en el ejercicio de 2008 de 762 millones en los estados individuales y de 1.066 en el consolidado. Este desfase se produjo, según Anticorrupción, por la necesidad que tuvieron los nuevos gestores de aprobar "una provisión de una financiación extraordinaria para superar sus dificultades transitorias de liquidez y así posibilitar el mantenimiento de su operativa y el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores en general".

"Esta actuación de las autoridades impidió que nuevos depositantes o acreedores, confiados en la aparente buena situación financiera de CCM, según sus cuentas publicadas y difundidas por la CECA, contrataran con una entidad como CCM, que de no haber sido por la inyección de capital público, habría sido incapaz de atender en ese momento a las obligaciones contraídas", señala el fiscal.

La Fiscalía no cita en su escrito las operaciones y los perjuicios económicos que causaron en la entidad una serie de operaciones de captación del crédito en los que el juez Ruz constataba "una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".

Las operaciones referidas por el magistrado eran créditos concedidos en 2007 y 2008 a las sociedades Grupo Luis Portillo (59 millones), Renovalia (56,3 millones de euros de deuda por pérdidas de 54,6 millones), Naropa-Fermoselle (9,9 millones), Grupo Lábaro (9,3 millones), Whiteness y Promogedesa (15,3 millones), así como Grupo T-Solar, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.

Ex secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha
Juan Pedro Hernández Moltó, además de expresidente de CCM, fue secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha desde 1990 a 1997, partido del que presentó su baja como militante en octubre de 2014 después de militar desde el año 1976. Hernández Moltó tomó esta decisión tras hacerse pública la petición por parte de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de prisión para él y para Ortega.

El expresidente de CCM también fue consejero de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha entre 1983 a 1988, diputado en el Congreso durante diez años (1989-1999) y candidato del PSOE a la Alcaldía de Toledo en 1999.

Préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual”
Según el juez instructor, CCM concedió préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora".

De ello ya había advertido el Banco de España en su informe pericial, en el que encontró "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil".

Todo ello "supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos fueron total o parcialmente impagados y las garantías resultaron insuficientes para su recuperación", siendo además "muy significativo" que muchos se concedieron cuando la caja "atravesaba una situación de grandes problemas de liquidez".

La investigación sobre las supuestas irregularidades en la caja se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por seis representantes del PP que formaban parte de la asamblea general de CCM antes de que la entidad fuera intervenida y posteriormente absorbida por Cajastur, hoy integrada en Liberbank.

En enero de 2015, Ruz procedió al embargo de los bienes de Hernández Moltó y Ortega, tras no abonar la fianza civil de 138,2 millones de euros por el agujero causado en la entidad.

Caja Castilla-La Mancha fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.