En el Pleno de 9 de junio se aprobó por unanimidad una moción de Izquierda Unida a favor de crear una bolsa de viviendas en alquiler, gestionada de manera pública, para familias víctimas de ejecuciones hipotecarias.
Una vez aprobada por todos los grupos, el gobierno del señor Blanco se comprometía a lo siguiente:
- A trabajar en la creación de esa bolsa que incluiría viviendas de titularidad municipal o regional, o las que pudieran ser cedidas por particulares o entidades bancarias.
- A iniciar una ronda de reuniones con las entidades financieras de la localidad para elaborar un convenio de cesión de viviendas que permita incluir también a viviendas que posean en la bolsa municipal para ser ofertadas en régimen de alquiler social y que a día de hoy permanecen vacías.
- A crear una Comisión Informativa para hacer un seguimiento y tutela de las viviendas en alquiler en la que participen todos los grupos municipales.
- A informar y facilitar a todos los grupos de la oposición el resultado de la ronda de reuniones mantenidas con las entidades financieras de la localidad y facilitarles copia del convenio que se vaya a firmar.
- A instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que en su Ley de Vivienda en proyecto adopte las medidas legales de similares características a las que en su día fueron aprobadas por el gobierno de Andalucía, recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en la Comunidad Autónoma.
“Estos fueron los compromisos adquiridos por el gobierno de Blanco y casi tres meses después no sabemos absolutamente nada del trabajo que vienen desempeñando, si es que lo están haciendo, para poner en funcionamiento cuanto antes esta bolsa de viviendas en alquiler”, manifiesta la portavoz de IU, María José Pérez.
“Ya le hicimos saber en su momento al señor Blanco que son muchas las familias víctimas de ejecuciones hipotecarias las que se han visto desposeídas de sus viviendas y obligadas a malvivir porque ni siquiera cuenta con la posibilidad de acceder a un alquiler social. Los Ayuntamientos somos las instituciones más cercanas a las ciudadanas y ciudadanos y por lo tanto, tenemos la obligación de actuar para aliviar la preocupante situación de desamparo en la que se encuentra muchos de ellos. Las situaciones de emergencia habitacional que son detectadas en nuestro municipio no pueden seguir sin ser atendidas y tenemos la obligación de poner en marcha un plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna”.
“Es lamentable que hasta la fecha el gobierno socialista de Blanco no haya creado esa Comisión Informativa a lo que se comprometió en Pleno, para procurar un techo a todas esas vecinas y vecinos víctimas de desahucios”.
“Desde Izquierda Unida instamos al señor Alcalde a que nos explique con urgencia si ha mantenido esa ronda de contactos con las entidades financieras, si se va a proceder a la firma de algún convenio con éstas, cuál es el número de viviendas con las que ya cuenta el consistorio para poner en marcha esa bolsa de viviendas en alquiler y en qué momento se encuentra la futura Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, porque es su obligación y la de todos el garantizar el derecho a una vivienda digna”, finaliza.
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