Alonso denuncia que la política educativa de Page se caracteriza por el sectarismo, el ataque a la libertad y los incumplimientos

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha asegurado hoy que “la cuestión educativa es de las peor tratadas por el Gobierno de Emiliano García-Page”, una política educativa presidida por “el caos y el desconcierto en cada inicio de curso” y caracterizada por el sectarismo, el ataque a la libertad y los incumplimientos.

En el Debate del Estado de la Región, Alonso ha destacado que esta mala gestión que precisa de la asunción inmediata de compromisos claros y asumibles, que contrarresten esta situación y encaucen la Educación de Castilla-la Mancha hacia la calidad y los buenos resultados, para lo que los populares han presentado una propuesta de resolución.

En ella, los populares han recogido que desde que Page fue elegido presidente de la Junta de Comunidades, con el apoyo de Podemos, han sido muchas las promesas pero pocas las medidas tomadas para solucionar los problemas reales de la Educación, llevándose a cabo en su lugar una política sectaria que no busca la excelencia educativa sino la confrontación política.

Así, Alonso ha denunciado la eliminación de los principios de libertad y de todos los planes educativos puestos en marcha por el gobierno de Cospedal, que posibilitaron la reducción en casi once puntos de la tasa de abandono escolar, la bajada de los índices de fracaso educativo, así como posicionar a nuestra región en un referente educativo, al apostar por la excelencia a través de la implantación del bilingüismo o el Bachillerato de excelencia, sin olvidarse de la construcción de nuevas infraestructuras educativas, como los trece centros educativos que el Gobierno de la presidenta Cospedal finalizó y pagó durante la pasada legislatura.

La diputada regional ha denunciado el ataque a la libertad y la calidad en la Educación por parte de Page, con la eliminación de la zona única, lo que supone que los padres ya no eligen el colegio de sus hijos; el ataque constante a la educación concertada, sobre la que ayer el propio Page dijo que era un modelo que no le gustaba, siendo especialmente llamativo que él haga uso de ella y quiera impedir que puedan hacer los mismo el resto de ciudadanos; y el constante incumplimiento de sus compromisos, como el de no instalar más barracones.

Asimismo, se ha referido al desprecio a los docentes interinos, existiendo para este curso, y según los datos de los propios sindicatos, una cifra de más del 40% de los docentes interinos con medias jornadas e incluso con tercios de jornadas, lo cual supone una precarización del trabajo inasumible, al encontrarnos con contratos inferiores a los 400€.

Propuesta de Resolución del Grupo Parlamentario Popular

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto que las Cortes regionales insten al Gobierno de Castilla-La Mancha, en primer lugar, a eliminar los barracones en los centros educativos, con la puesta en marcha de “un plan de duración bianual con dotación presupuestaria suficiente que permita la eliminación de los 156 barracones existentes en la actualidad”.

La propuesta plantea instar al Gobierno de Page a apostar por la libertad de enseñanza, recordando que “la educación pública concertada es una opción educativa que implica a más de tres mil docentes y cincuenta mil alumnos”, por lo que el acuerdo firmado entre PSOE y Podemos para reducir progresivamente la financiación de la educación concertada debe quedar completamente sin efecto”.

Asimismo, pide garantizar la libertad educativa en nuestra región, recordando que “la zona única de escolarización posibilitó la elección real de las familias del centro educativo de su preferencia” y eliminarla “supone nuevamente que la Administración sea la que decida por los padres el centro educativo al que enviar a sus hijos, por lo que es imprescindible recuperar este sistema”.

Del mismo modo, apuesta por garantizar una subvención nominativa de, al menos, 140 millones de euros para la Universidad de Castilla-La Mancha y pide “un impulso real y serio de ocho millones de euros para el Campus Universitario de Guadalajara, para “cumplir el compromiso firmado por la presidenta Cospedal en 2015, adquiriendo y pagando los terrenos, comenzando las obras y propiciando que el campus sea una realidad en el centro de Guadalajara en el año 2019”.

Por último, piden el cumplimiento de la PNL sobre las garantías del profesorado en régimen de interinidad de los Centros Públicos no Universitarios, estableciendo modificaciones normativas para que este profesorado que obtenga vacante anual o preste sus servicios durante cinco meses y medio o más en un curso, reciba las correspondientes retribuciones en meses de verano, así como el reconocimiento de tiempo de servicio. Y garantizar en los Presupuestos de 2017 una partida para restablecer el cobro íntegro del verano al personal docente no universitario que preste sus servicio durante al menos cinco meses y medio en un mismo curso”.