CSIF exige a la Junta que los trabajadores de la sanidad pública no sean atendidos por sanidad privada

CSIF exige el fin del contrato que mantiene la Junta de Comunidades con el servicio de mutualidad de asistencia sanitaria “por su mala gestión y falta de recursos humanos y materiales para atender a los pacientes”.

Los usuarios se ven sometidos a realizar en ocasiones “más de 200 kilómetros para ser atendidos y se producen asimismo numerosos errores en las pruebas diagnósticas que realizan las entidades que tienen concierto con la mutua, debido sobretodo a la falta de personal, lo que provoca errores en el tratamiento. Asimismo, también sufren unos horarios de atención muy reducidos que impiden conciliar la vida laboral y familiar”.

La gestión de las bajas laborales es otro grave problema, “pues en muchas ocasiones cuando los trabajadores sufren un accidente en el trabajo correctamente acreditado, los propios responsables del centro han desestimado en gran número de casos el accidente laboral valorándolo como un accidente no laboral con la consiguiente pérdida económica para el trabajador. De igual forma sucede con las bajas generadas en el trabajo por estrés, ya que la mutua no la considera en ningún caso como enfermedad profesional. Otro punto negativo es que los trabajadores se han encontrado que en algunos casos no existen hojas de reclamación en los centros”.

CSIF solicita que se gestionen las bajas laborales y se atienda a los trabajadores a través del servicio sanitario público, “tal y como se hacía antes de que los servicios de mutualidad sanitaria llevaran a cabo esta labor, pues está demostrado que la gestión pública del Sescam es mucho más eficiente, económica y justa dado que se posee con mayor un número de recursos en cuanto a centros, mejores medios tecnológicos, profesionales y horarios para atender a los profesionales sin ningún ánimo de lucro”.

En este sentido, “resulta preocupante la externalización de servicios y la privatización de los mismos cuando en Castilla-La Mancha la gestión debería estar en el estricto ámbito del Sescam. Es incongruente que los empleados públicos tengan un sistema privado de salud”.