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Amnistía Internacional consolida su activismo por los derechos humanos en Castilla-La Mancha tras la celebración de su Asamblea autonómica
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Amnistía Internacional consolida su activismo por los derechos humanos en Castilla-La Mancha tras la celebración de su Asamblea autonómica

Los derechos de las personas refugiadas, la lucha contra la discriminación, las políticas de austeridad y el deterioro de las condiciones para ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación centrarán su acción en 2018

domingo 08 de abril de 2018, 14:05h
La Asamblea Autonómica de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha valorado la consecución de los objetivos organizativos y de derechos humanos planteados el pasado año, destacando el trabajo de incidencia política, a través del cual se ha contribuido a poner el foco sobre los derechos humanos en debates como el de la reforma del Estatuto de Autonomía, la crisis de vivienda o la educación en derechos humanos; y se ha logrado que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran en marzo de 2017 una declaración institucional por la que instaban al Gobierno central a cumplir sus compromisos de acoger a 17.337 personas refugiadas y agilizar de manera significativa el proceso de traslado a España mediante su reubicación y reasentamiento. Además, más de 50 organizaciones y personalidades de Castilla-La Mancha apoyaron también la exigencia al gobierno español de que cumpliera con sus compromisos ante la Unión Europea.

En materia de educación, AICLM ha seguido movilizando a los centros educativos de la región adheridos a la Red de Escuelas por los Derechos Humanos en favor de las personas refugiadas, de las personas LGTBI y de comunidades indígenas amenazadas por alzar la voz frente a los abusos de las multinacionales en Centroamérica.

A los grupos de activistas presentes en Albacete, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo, que se han movilizado, entre otras causas, contra las políticas que está poniendo en marcha el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que amenazan a personas migrantes y refugiadas, se ha sumado el nuevo grupo de acción de Valdepeñas, con una intensa actividad en los últimos meses.

Retos globales para 2018.-

En esta Asamblea Autonómica, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha se ha propuesto seguir trabajando durante 2018 por la protección de los derechos humanos ante la mayor crisis de refugio desde la segunda guerra mundial. La organización de derechos humanos seguirá denunciando la falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en situaciones de conflicto armado, como Colombia o como Siria. Se mantiene la tendencia de represión de la protesta pacífica y el deterioro de las condiciones para ejercer la libertad de expresión, reunión y asociación, al tiempo que los homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos siguen siendo un importante motivo de preocupación que en 2018 AICLM abordará con la campaña Valiente.

En un mundo polarizado en el que se hacen notar las políticas de demonización y sus consecuencias en forma de discriminación y en el que en el marco de la lucha contra el terrorismo existe la amenaza de una nueva oleada de violaciones de derechos, la lucha por la universalidad de los derechos humanos sigue siendo plenamente vigente para enfrentar el riesgo de debilitamiento del sistema de protección de Naciones Unidas y de otros sistemas de protección a nivel regional.

Derechos humanos en Castilla-La Mancha.-

2018 demostrará el verdadero compromiso de las autoridades de Castilla-La Mancha con los derechos humanos. Nuestra región se enfrentará a un momento decisivo en materia legislativa cuando se tramiten la Ley de Vivienda y de Garantías Ciudadanas, cuyos borradores incorporan hasta ahora medidas positivas pero insuficientes para la realización del derecho a la vivienda, así como la Ley para una Sociedad Libre de Violencia hacia las Mujeres que, entre otras medidas, podría consolidar contenidos obligatorios de derechos humanos en el sistema educativo.

Amnistía Internacional seguirá movilizándose contra los ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica en España. Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, “gracias” a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información.

Por otra parte, AICLM trabajará para denunciar su impacto negativo y revertir las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis económica que está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España y en Castilla-La Mancha.

Fortalecimiento del activismo en Castilla-La Mancha.-

Amnistía Internacional continúa creciendo en Castilla-La Mancha, con un sensible aumento de sus simpatizantes, miembros y activistas durante 2017. La Asamblea Autonómica se ha propuesto para 2018 formar nuevos grupos de acción en ciudades como Guadalajara y seguir fortaleciendo su trabajo en el ámbito autonómico, tanto de incidencia política sobre las instituciones y partidos políticos, como de alianza y colaboración con otras organizaciones y movimientos de la sociedad civil.

Renovación del Comité de Coordiación.-

Silvia Avellaneda San Antonio, profesora de Ciencia Política y Derecho Público en la UCLM, ha sido elegida por la Asamblea como nueva Secretaria del Comité de Coordinación de AI en Castilla-La Mancha, del que también forman parte Alfonso Sánchez Ramírez y Daniel Francia Jiménez, Coordinador y Tesorero autonómico respectivamente, además de los representantes de los grupos locales y equipos autonómicos de activismo de Castilla-La Mancha.

Encuentro con el defensor de derechos humanos Gustavo Pedraza.-

Gustavo Pedraza, hermano de Carlos Alberto Pedraza, miembro del Congreso de los Pueblos y líder social asesinado en Colombia en 2015, ha participado al finalizar la Asamblea en un encuentro abierto al público en el que ha narrado las circunstancias de este crimen y el estado de inseguridad social y jurídica que viven en su país los defensores de los derechos humanos.
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