La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) expone que la Administración autonómica no está cumpliendo con la normativa vigente y no se están solucionando las deficiencias existentes en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo a las respuestas de más de 140 empleados públicos en la encuesta llevada a cabo por el sindicato en Castilla-La Mancha el pasado mes de junio.
La Encuesta de Prevención de Riesgos Laborales ha estado dirigida a personal funcionario, estatutario y laboral de los sectores de Sanidad, Educación y Administración General de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y ha constado de ocho apartados: evaluación de riesgos, información, formación, vigilancia de la salud, equipos de protección, medidas de emergencia, violencia en el trabajo y grado de satisfacción con la mutua de trabajo.
En el primer apartado, el de la evaluación de riegos, hasta un 77% estima que no se han llevado a cabo medidas de prevención y el 68% subraya que en el caso de su implantación la Administración ha tardo más de un año desde que se recomendó que se realizaran.
Asimismo, el 83,5% mantiene que no se han tenido en cuenta los posibles riesgos psicosociales, porcentaje que aumenta al 87% cuando se han producido situaciones de estrés y las instituciones no han actuado. Este último punto es importante por las bajas laborales que produce y por la sobrecarga económica que supone para la Administración, que podría evitarlo con una eficaz política de riesgos psicosociales.
Además, las bajas generadas por estrés sólo son reconocidas en el 11% de los casos por parte de la mutua y el 57,5% no está satisfecho con la calidad recibida por el servicio de mutualidad.
El 50% asegura haber sufrido amenazas, insultos o intimidación.-
Otro aspecto crucial es la violencia, donde el 50% asegura haber sufrido alguna amenaza, insulto o intimidación en su puesto de trabajo. En este punto, la Administración no toma ninguna medida para evitar este tipo de situaciones.
Respecto a los bloques de información y formación, el 86% expone que no ha sido informado por escrito de los riesgos y medidas de prevención cuando ha cambiado de puesto de trabajo y el 75,4% que no ha sido formado. Como regla general, la Administración cumple con la legislación en estos puntos excepto cuando el empleado cambia de puesto de trabajo.
Sobre la vigilancia de la salud, la mayoría de encuestados (71%) afirma que sí han sido sometidos a revisiones médicas, pero el 62% mantiene que su puesto no tiene equipos de protección.
Para CSIF, a tenor de estos datos, la Administración regional no está cumpliendo con la prevención a través de la información y formación de los empleados públicos, la detección y evaluación precoz de los problemas o deficiencias que afectan al desarrollo de la labor a ejecutar, y la subsanación de los riesgos laborales existentes en los puestos de trabajo para la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores.
CSIF subraya la importancia de las actuaciones en materia de riesgos laborales para asegurar la salud del trabajador, garantizar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía y evitar los accidentes de trabajo.
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