El alcalde socialista de Cabanillas tendrá que responder ante el juez por un presunto delito de prevaricación

Las dos primeras denuncias que el Partido Popular de Cabanillas del Campo interpuso ante las posibles ilegalidades realizadas por el alcalde socialista, José García Salinas, han sido admitidas a trámite por el Juzgando de Instrucción Número 3 y el Juzgado de la Contencioso-Administrativo Número 1, respectivamente.

La primera de ellas, en la que Salinas se enfrenta a un presunto delito de prevaricación, corresponde a los hechos ocurridos en julio de 2015, cuando éste contrató todas las comidas populares con una sola empresa. Por este servicio, recibió dos facturas con la misma fecha y números correlativos de 17.765 y 4.350,50 euros respectivamente, lo que supondría que juntas superarían los 18.000 euros, cifra límite para poder realizar una adjudicación directa. Esta actuación, que recibió un reparo de Intervención, supondría haber realizado un fraccionamiento de contrato.

La segunda responde a la aprobación en Pleno Ordinario del 26 de septiembre de 2018 de la modificación de la Relación del Puestos de Trabajo (RPT) y la plantilla del Consistorio. El Grupo Popular denunció posibles ilegalidades como el incumplimiento de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y de la Ley General de Presupuestos en cuestiones como la tasa de reposición de efectivos, así como la no realización de la correspondiente modificación del Presupuesto, imprescindible para cualquier modificación de la plantilla del Ayuntamiento.

El portavoz del PP de Cabanillas del Campo, Jaime Celada, explica que “de esta manera se confirma que nuestras sospechas sobre las posibles ilegalidades realizadas por José García Salinas al frente del Ayuntamiento eran fundadas”, añadiendo que “ahora tendrá que explicar ante el juez por qué actuó como actuó, y éste decidirá si ha cometido un delito”.

El edil popular destaca que “lo único que hemos hecho presentando estas denuncias ha sido cumplir con nuestra obligación como oposición, fiscalizando la acción de Gobierno. Si vemos posibles ilegalidades, nuestro deber es acudir a la Justicia, lo contrario sería ser cómplice”.

Igualmente, recuerda que todavía quedan otras dos denuncias presentadas, una sobre la creación de personal laboral indefinido sin oferta pública de empleo y otra sobre una posible duplicidad de contrato, pendientes de ser admitidas a trámite. “Lo único que buscamos es que se ponga luz ante la oscuridad que hemos visto en todos estos casos”, sentencia Celada.