La Diputación de Guadalajara acuerda, a propuesta del Grupo Popular, apoyar a los catalanes que sufren el acoso de los grupos radicales separatistas

El Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara celebrado hoy viernes ha aprobado una moción a propuesta del Grupo Popular en la que se ha adoptado el acuerdo de apoyar a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos radicales separatistas, además de exigir al Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Del mismo modo, se ha acordado exigir el cese de las negociaciones entre los gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es la división de la soberanía nacional.

También se ha aprobado constatar la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales que devuelva la voz a todos los españoles ante la grave deslealtad del Gobierno y sus socios separatistas hacia el interés general de la Nación; solicitar al Gobierno de Sánchez que no acepte la constitución de una Mesa Bilateral para una negociación entre el Estado y una Comunidad Autónoma en un plano de igualdad, y rechazar la figura de “mediador internacional” propuesta por Torra y aceptada por Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba. La moción incluía también exigir al Gobierno de la Nación que se oponga a cualquier diálogo que ponga en cuestión la soberanía Nacional o la unidad de España.

Esto venía motivado por los hechos sucedidos desde que el pasado miércoles 6 de febrero la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, reconocía en rueda de prensa la aceptación de un mediador, bajo el título de “relator”, en unas negociaciones con los partidos independentistas catalanes que apoyan al gobierno de la Generalitat.

Pese a los múltiples eufemismos empleados por el Gobierno, tal aceptación, según el Grupo Popular, supone la asunción de varios elementos que son del todo punto intolerables. A saber: 1) que la Comunidad Autónoma de Cataluña es una entidad jurídica y política equiparable al Estado de la Nación, 2) que existe un conflicto político entre esas dos entidades supuestamente similares y, 3) que el Gobierno de la Nación renuncia a emplear las instituciones legítimas existentes para coordinar las relaciones entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. Esto hace evidente que no sólo estamos ante un insulto a la dignidad de la Nación, sino que el Gobierno tiene asumida una planificación impuesta por el secesionismo, que acabará desembocando en la ruptura de la soberanía nacional.

Una planificación que puede resumirse en las 21 exigencias que el presidente del Gobierno autonómico, Sr. Torra, presentó al presidente del Gobierno central, Sr. Sánchez, en la reunión que ambos mantuvieron, con el protocolo y despliegue logístico propio de las visitas de jefes de Estado, el pasado 20 de diciembre de 2018 en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Cabe señalar, como se refleja en la exposición de motivos de la propuesta debatida en el Pleno de la Diputación, que dicho documento fue ocultado de manera deliberada por el Gobierno a los españoles y que, entre otras cosas, exige la ya concedida mediación, el reconocimiento del llamado derecho de autodeterminación o la quiebra del Estado de Derecho al imponer la impunidad jurídica a quienes están pendientes de juicio no por defender una determinada ideología, sino por perpetrar un ataque contra el Estado mediante la rebelión, la sedición y la malversación. “Si son o no culpables, lo determinará la Justicia. Pero sólo la Justicia. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados, ni mucho menos los órganos internos de los partidos secesionistas”, se expone.

“El Gobierno ha dado muestras más que sobradas para no ser fiable en sus declaraciones. En seis meses de mandato, el presidente no ha dado ni una sola prueba a los españoles de que la unidad nacional y el Estado de Derecho en el que se sustenta nuestro sistema democrático no estén en riesgo mientras él esté presidiendo el Consejo de Ministros. El presidente no duda un instante en traspasar todas las líneas que hacen de España una democracia sólida, con tal de mantenerse en el Palacio de la Moncloa”, dice la moción donde además se afirma que “asumir la estrategia secesionista como propia es, de hecho, legitimar el ataque al Estado de Derecho como forma de funcionamiento y actuación en nuestro país, es legitimar los comentarios y artículos racistas y supremacistas del Sr. Torra y que, como dice el secesionismo, el Sr. Puigdemont es un “preso político” y no un fugado. Esto ya es de por sí grave y sitúa al Gobierno del Sr. Sánchez, y a él especialmente, en las páginas más dignas de olvido de nuestra Historia democrática. Pero es que además, supone el desamparo y desprotección de millones de catalanes que cada día se ven acosados por el secesionismo radical. Es perfectamente contrastable cómo la presión y la asfixia a la que el secesionismo está sometiendo a los catalanes no nacionalistas no ha hecho más que aumentar ante la pasividad, rozando la connivencia por inacción, del Gobierno”.

Y esta presión, se añade, está siendo especialmente virulenta contra aquellos ciudadanos que son percibidos como un obstáculo para la independencia de Cataluña. Así, los autodenominados Comités de Defensa de la República y otros grupos separatistas radicales están perpetrando acciones como coacciones a jueces y fiscales, agresiones físicas y amenazas a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ataques a sedes de partidos políticos, intentos de asalto a instituciones como el Parlamento autonómico, la ocupación del espacio y las instituciones públicas con simbología separatista y la ocupación de infraestructuras clave -como la autopista AP-7-, vulnerado derechos fundamentales y libertades, como la de circulación y movilidad de las personas.