La Diputación de Guadalajara entrará en el accionariado de TRAGSA para agilizar obras necesarias en la provincia

El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado por unanimidad la propuesta del equipo de Gobierno para adquirir una acción de la empresa pública TRAGSA, con el objetivo de agilizar actuaciones y obras necesarias en pueblos e infraestructuras de la provincia.

Según ha explicado el vicepresidente primero, Rubén García, la adquisición de esta acción y la consecuente integración de la Diputación en el accionariado de la empresa pública, supone una inversión de 8.039 € y tendrá como resultado “poder utilizar como medios propios los recursos de TRAGSA para actuaciones rápidas, lo que permitirá agilizar obras y reparaciones de averías, así como desatascar obras pendientes debidas a la falta de actuaciones en muchos municipios durante los últimos ocho años”.

La forma de participación de la Diputación de Guadalajara en el capital social de la empresa pública TRAGSA, mediante la compra de una acción, es igual a la que ya han adquirido otras 12 diputaciones provinciales del resto de España.

Luz verde al convenio de colaboración con la Junta para el nuevo Plan de Empleo.

El pleno ha aprobado también por unanimidad el convenio que el presidente de la Diputación firmará con la Consejería de Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades para la puesta en marcha de un nuevo Plan Extraordinario por el Empleo en los pueblos de la provincia de Guadalajara. La aportación de la Diputación a la nueva edición del Plan de Empleo será de 1,6 millones de euros en la anualidad de 2019, para lo que fue necesario aprobar en el anterior pleno de la Institución Provincial una modificación de crédito presupuestaria.

Con esa cantidad, la Diputación financiará el 47% del salario que percibirán los 660 trabajadores desempleados que podrán ser contratados en los municipios de la provincia. El 53% restante del sueldo, que se equiparará al Salario Mínimo Interprofesional, se pagará con fondos de la Junta de Comunidades, mientras que los ayuntamientos se harán cargo de las cotizaciones sociales de cada trabajador contratado.