Ante el nuevo protocolo de actuación frente al coronavirus aprobado el 31 de marzo por el Ministerio de Sanidad, los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, ante la pandemia del COVID-19, instituciones que engloban a más de 700.000 profesionales sanitarios en España, quieren expresar su absoluto rechazo respecto de las medidas y recomendaciones contenidas en este documento.
Algunas de estas nuevas pautas presentadas ayer 3 de abril, por el Ministerio de Sanidad suponen un riesgo elevado contra la seguridad de los profesionales y de sus pacientes. Algunas de estas medidas y recomendaciones, lejos de contener la epidemia y preservar la salud pública, representan un riesgo evidente para sanitarios y pacientes.
Consideramos especialmente alarmante el punto B. 2 que hace referencia a la incorporación al puesto de trabajo de los profesionales sanitarios transcurridos 7 días desde el inicio de los síntomas y en ausencia de fiebre cuando no se realiza prueba diagnóstica.
Tampoco incluye la Guía la situación de muchos profesionales asistenciales que no se encuentran en el ámbito hospitalario y que se encuentran en diferentes centros y establecimientos sanitarios, de adscripción pública y privada.
El texto dice literalmente:
“En caso de que no se realice la prueba de diagnóstico microbiológico, el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo transcurridos 7 días desde el inicio de síntomas en ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos en los últimos 3 días y siempre que se haya resuelto la clínica respiratoria. Se incorporará a su actividad con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con pacientes inmunodeprimidos”.
No podemos aceptar, de ninguna manera, que ningún profesional sanitario sin hacerse el test y con pruebas confirmadas de negatividad se incorporen a sus puestos de trabajo, ya que supone un riesgo elevado para la población, pacientes atendidos, compañeros de trabajo e incluso su propia salud.
Dicha pauta de actuación introducida por el Ministerio de Sanidad viene a evidenciar dos realidades:
- La ausencia de test suficientes para poder afrontar con garantías la pandemia de coronavirus y su expansión.
- La falta de planificación necesaria en recursos humanos para poder cubrir las contingencias que genera la alta infestación en personal sanitario sin políticas de reingresos tras periodo de curación clínica de garantías
Somos el país con mayor número de profesionales contagiados del mundo. La solución de reincorporar a toda prisa a los profesionales sanitarios infectados o con sospechas de estarlo, supone una temeridad inaceptable que puede provocar un aumento mayor aún de la expansión del virus entre los profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos. Las experiencias en países que han conseguido un mayor control de contagios demuestran que es fundamental hacer el test a los profesionales sanitarios de forma masiva con intención de conocer, con total certeza y evidencia científica quién debe incorporarse con garantías al puesto de trabajo tras haber padecido la infección.
Hemos denunciado, de forma reiterada, no solo la falta de test de diagnóstico, sino también de los equipos de protección necesarios, así como los riesgos a los que se estaba sometiendo a los profesionales sanitarios al tener que afrontar la atención de primera línea sin los equipos de protección adecuados.
Esta medida, que hoy denunciamos, no solo traspasa los limites científicos, sino los deontológicos de nuestras organizaciones y sin duda los jurídicos al poner en riesgos no solo al profesional sino a los ciudadanos a los que atiende.
Necesitamos medidas eficaces, efectivas y eficientes para poder vencer a la Pandemia del COVID-19, necesitamos una dirección firme y confiable. Por eso hemos demandado con insistencia que las autoridades sanitarias cuenten con el compromiso y la colaboración de las profesiones que representamos. Juntos lograremos los objetivos. Ni un día más con un profesional sanitario infectado o en riesgo de contagio por no tener medios de protección.
Madrid, a 4 de abril de 2020