La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, ha calificado de lamentable que tras dos meses de estado de alarma, comenzada la Fase II de la desescalada e insistiendo todos los grupos de la oposición de la necesidad de elaborar cuanto antes un Plan de Contingencia, la administración azudense sea de las pocas que no haya dado instrucciones claras de cómo debe ser la reincorporación al trabajo.
Para Pérez, la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19, ha requerido de importantes esfuerzos de la sociedad, empresas y administraciones para mitigar su enorme impacto, tanto en lo económico, como en lo laboral, social y sanitario. Para poder afrontar esta situación con el mayor grado de seguridad posible, la gran mayoría de las administraciones, siguiendo los criterios de las autoridades sanitarias y laborales, han elaborado, con el asesoramiento de su servicio de prevención, un Plan de Contingencia ante la emergencia sanitaria del COVID 19, que han ido constantemente actualizando en función de cómo ha ido evolucionando la enfermedad, del grado de conocimiento de la misma y de las diferentes instrucciones y recomendaciones que han ido facilitando las autoridades sanitarias.
Ha dejado claro que con la aprobación de un Plan de Contingencia se identifica los riesgos de exposición al virus de los diferentes puestos de trabajo y actividades que se desarrollan en la institución, las medidas preventivas y organizativas para su control y las medidas de protección recomendadas, de acuerdo en todo momento con la normativa vigente al respecto y las recomendaciones técnicas de la autoridad sanitaria competente.
Pérez ha hecho hincapié en la necesidad de la elaboración de este documento y en las medidas mínimas que debe contener: medidas organizativas y de protección colectiva (mantenimiento preferente del teletrabajo negociado con la parte social), refuerzo de la limpieza y desinfección de las superficies y lugares de trabajo, medidas higiénicas, adaptación de las zonas, evaluación de riesgos, participada con la parte social para las distintas tareas y actividades y escenarios de riesgo que se pueden encontrar acorde a los criterios del Ministerio de Sanidad aportados en el documento de Procedimiento de Actuación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el Covid-19, así como una planificación preventiva participada con la parte social donde se determinen las medidas de protección adecuadas.
La portavoz de Izquierda ha finalizado insistiendo en que la reincorporación a los puestos de trabajo debe ir acompañada de las medidas de seguridad adecuadas a la actividad y exposición al riesgo de cada puesto de trabajo, que garanticen la salud tanto del trabajador, como de sus compañeros y compañeras y por supuesto de la ciudadanía en general, para evitar así la propagación del coronavirus.
Por ello, su grupo lamenta que el Gobierno de José Luis Blanco y muy concretamente, la responsable del área de Recursos Humanos, la señora Charo Martín y el concejal de Derechos y Libertades, David Pinillos no hayan realizado su trabajo, porque para un estudio pormenorizado de la situación se necesita realizar un protocolo o plan de contingencia que se anticipe a la reincorporación o a lo que se viene denominando periodo de desescalada y ellos no lo han hecho.