CSIF reclama responsabilidad en la gestión de los recursos públicos para paliar los efectos de la pandemia

El número de parados aumentó en 23.400 personas en el tercer trimestre del año en Castilla-La Mancha, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que deja sitúa en 179.500 el número total de desempleados.

Los resultados continúan reflejando el impacto causado por la pandemia de coronavirus en el mercado laboral de una comunidad autónoma que presenta un 18,3 por ciento de tasa de paro y que cuenta con un dato terrible: 17.300 mujeres perdieron su empleo en el tercer trimestre. El paro femenino creció un 21,2 por ciento entre julio y septiembre y deja en 98.700 desempleadas la cifra de desempleadas en Castilla-La Mancha.

Asimismo, en el tercer trimestre se registró una importante subida del 17 por ciento de la contratación temporal en un indicador más sobre la precariedad en la generación de empleo.

A ello se suma un incremento del 3 por ciento de los asalariados del sector público, una subida totalmente insuficiente para paliar el terrible déficit de las plantillas de los servicios públicos en el momento más determinante para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) entiende la complicada coyuntura actual, pero justamente por ello reclama responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. En este sentido, CSIF vuelve a denunciar que los fondos públicos se destinen a subvencionar de manera directa a CCOO, UGT y Cecam, que han recibido más de 4.4 millones de euros del actual Gobierno regional asociados a los planes de empleo y 1.125.000 euros, entregados el pasado mes, dentro del Plan para la Recuperación Económica creado para paliar los efectos del COVID-19. En total, la Administración regional ha concedido, bajo diferentes conceptos, 41.2 millones de euros a CCOO, UGT y Cecam desde 2014.

Teniendo en cuenta el terrible impacto que arroja la pandemia en todos los ámbitos sociales, con especial incidencia en los sectores más vulnerables, CSIF pide al Gobierno regional una profunda reflexión sobre el uso del erario público.