WWF ha denunciado que España y Portugal están planteando nuevas captaciones en el tramo bajo del Guadiana, sin contar con el acuerdo formal entre los dos países, obviando el acuerdo internacional vigente para la gestión de las aguas transfronterizas del Convenio de Albufeira y al margen de sus obligaciones de cumplir con el buen estado del estuario del Guadiana de acuerdo con la Directiva Marco del Agua.
Consideran que, presionadas por la fuerte expansión de las zonas de regadío intensivo a ambos lados de la frontera sur entre los dos países, particularmente por los cultivos bajo plásticos de fresas y frutos rojos, y las plantaciones de aguacates y cítricos en la región portuguesa del Algarve y en la provincia española de Huelva, ambos países están planteando nuevas captaciones de agua directamente de la parte baja del río Guadiana.
En el caso de Portugal la nueva captación ha sido incluida en el Plan Regional de Eficiencia Hídrica de la región del Algarve (PREHA en sus siglas en portugués), con una inversión prevista de 55 millones de euros hasta 2025 para aumentar la oferta de recurso hídricos para el Sotavento (levante) Algarvio. Dicha captación se sitúa junto a la estación de Pomarão, en el concelho de Mértola, dónde el río Guadiana vuelve a hacer frontera con España hasta su desembocadura en Ayamonte. El agua captada será conducida hasta el embalse de Odeleite, para abastecer las demandas urbanas, turísticas y sobretodo, las agrícolas para esta parte de la región portuguesa.
En el caso de España, las intenciones son consolidar y aumentar el uso de la captación de Bocachanza, justo aguas abajo de la presa del Chanza, en su confluencia con el río Guadiana y muy cercana a la nueva toma portuguesa en Pomarão. De acuerdo con el vigente Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (2015-2021), las autoridades del agua españolas planean un segundo bombeo para reforzar la toma actual, que de media bombea unos 30 hm3 desde el Guadiana hacia el embalse del Piedras, y puede alcanzar un máximo de 75 hm3 en caso de situaciones excepcionales, y distribuir dichos recursos por toda la provincia de Huelva.
Insisten en que, tanto España como Portugal pretenden acometer dichas infraestructuras con el apoyo de los Fondos Europeos de Recuperación, vulnerando en opinión de ambas organizaciones claramente los principios de sostenibilidad y mejora ambiental que persiguen dichas inversiones europeas.
Es importante tener presente que la capatción de Bocachanza fue acordada con Portugal para ser utilizada por España solo para hacer frente a situaciones excepcionales de sequía, y solo hasta la entrada en funcionamiento del embalse del Andévalo (en la provincia de Huelva, en la demarcación hidrográfica del Guadiana y aguas arriba del embalse del Chanza). Además, para poder utilizar dichos recursos, debían completarse entre ambos países los estudios necesarios para establecer un régimen de caudales necesario para asegurar el buen estado de las masas de agua de transición del estuario del Guadiana, de acuerdo con los requerimientos de la normativa europea.
El embalse del Adévalo entró en funcionamiento en 2003, pero los estudios para establecer el régimen e caudales ecológicos del estuario del Guadiana nunca fueron terminados, y la Junta de Andalucía asumió la competencia del uso de la toma del Bocachanza de manera sistemática como complemento a las captaciones del embalse del Chanza para complementar los recursos a trasvasar al embalse del Piedras, a través del canal del Chanza-Piedras. Esta situación se ha mantenido incluso en años como 2017-18 cuando los embalses del Chanza y del Andévalo estaban por encima del 74% de su capacidad de almacenamiento, y por tanto lejos de una situación de emergencia.
Esta gestión de las aguas transfronterizas del Guadiana no ha sido acordada formalmente entre España y Portugal al amparo del Convenio de Albufeira, ni tampoco a través de los acuerdos informales entre las autoridades del agua españolas (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Junta de Andalucía). Una consecuencia de esta falta de gobernanza sistemática es que el tramo final del Guadiana transfronterizo, es el único que no tiene definido un régimen de caudales ecológicos semanales, trimestrales y anuales acordados en el marco del Convenio Internacional de Albufeira, cuya única condición se establece en la estación de aforos de Pomarão con tan solo 2 m3/s escasos.
En este contexto de falta de legalidad y de política de hechos consumados, WWF denuncia la gravedad de los planes de ambos países de aumentar las extracciones en el estuario del Guadiana, sin haber acordado en base a la legalidad vigente las captaciones actuales, ni haber establecido los caudales necesarios y disponibles para asegurar la conservación y el buen estado de las masas de agua de transición del Guadiana y de las que ambos países son responsables.
Por tanto, reclaman junto a ANP|WWF Portugal a las administraciones públicas de ambos países que se pongan de acuerdo, al amparo del Convenido Internacional de Albufeira, para estimar los recursos reales disponibles del tramo bajo del Guadiana, para poder llevar a cabo una gestión coordinada y sostenible de las captaciones y trasvases actuales, que asegure el cumplimiento de los objetivos ambientales que exige la Directiva Marco del Agua. En este sentido consideran imperativo evaluar los impactos ambientales de las captaciones actuales, analizar de forma conjunta las presiones a las que está sometido el estuario del Guadiana, y establecer de manera coordinada las medidas necesarias para cumplir con el buen estado de estas masas de agua de transición de las que son responsables ambos países.
Para las dos organizaciones, la protección y mejora de los ríos, humedales y acuíferos de las regiones del Algarve y de Huelva deben ser prioritarias para poder compatibilizar la mejora y la conservación de las aguas y los ecosistemas que dependen de ellas con el desarrollo económico de esta región transfronteriza. A su juicio, mientras esta condición no se cumpla, el río Guadiana seguirá padeciendo las nefastas consecuencias de la falta de gestión coordinada del agua entre ambos países.
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