La Amazonía se defiende: "No al Acuerdo UE-Mercosur"

La Amazonía pierde cada minuto el equivalente a tres campos de fútbol a causa de la deforestación y la ganadería industrial. Esta es la cara más visible de los impactos que tiene el comercio internacional, donde el acuerdo UE-Mercosur pretende ser un nuevo motor para impulsar las exportaciones entre las dos regiones a través de la eliminación de los aranceles. Apostar por el libre comercio también es sinónimo de incremento de las emisiones, el desplazamiento de los pueblos originarios, el abandono del mundo rural y el aumento de las desigualdades.

Por ello, la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, junto con la Asociación brasileña Maloka han realizado una performance ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para denunciar los impactos ambientales y sociales del Acuerdo UE-Mercosur y exigir al Gobierno español que no ratifique el tratado. En ella, han simulado el humo de los incendios de la Amazonía y la amenaza que supone el Acuerdo UE-Mercosur para la biodiversidad y los pueblos originarios.

La acción se enmarca en la Semana de Lucha contra el Acuerdo UE-Mercosur, convocada por una coalición transatlántica de más de 450 organizaciones, en la que también se han realizado movilizaciones en Alemania, Bélgica o Portugal. Coincidiendo con la celebración del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, la coalición ha querido llamar la atención de las ministras y ministros de Comercio de la UE, que se han reunido para debatir la política comercial europea y el estado del Acuerdo UE-Mercosur.

El mensaje ha sido rotundo: la UE y los países europeos deben dar un giro en sus políticas comerciales y rechazar acuerdos que promueven la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el abandono del mundo rural, la explotación animal y la violación de los derechos humanos y de los pueblos originarios. Solo así se podrá caminar hacia un futuro en el que se respeten los límites planetarios y se promueva la justicia social y climática.

Debido a la presión de la sociedad civil y a la oposición de países como Francia y Austria, el proceso de ratificación está en punto muerto. Ante esta situación, la Comisión Europea (CE) y los países promotores del Acuerdo, incluida España, buscan desesperadamente vías para salvarlo. Sobre la mesa cobra cada vez más fuerza una opción: añadir una declaración adicional para «reforzar» las disposiciones relativas al cambio climático, la deforestación y los derechos humanos.

El Gobierno español se muestra cada vez más favorable a esta alternativa. El pasado 30 de abril Pedro Sánchez envió una carta a Ursula von der Leyen instándole a que desbloquee el Acuerdo y adopte medidas concretas en el capítulo de desarrollo sostenible. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha desplegado una estrategia diplomática con visitas a los países de Mercosur -incluido el Gobierno Jair Bolsonaro- con el objetivo de alinear posiciones y conseguir compromisos medioambientales.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción y la campaña No a los TCI hacen hincapié en la necesidad de rechazar la adición de declaraciones o protocolos, que consideran meros procedimientos cosméticos que en ningún caso revertirán los problemas estructurales del Acuerdo. Además, aluden a los acontecimientos más recientes en Brasil como prueba de que las salvaguardas que se firman en papel se contradicen con lo que ocurre en el terreno.

En los últimos dos años la deforestación ha aumentado un 34 % en Brasil, el presupuesto para la protección medioambiental es el más bajo de los últimos 20 años y una propuesta legislativa amenaza con abrir las reservas indígenas al agronegocio y la minería. Un estudio jurídico reciente ha concluido que los protocolos no son suficientes para solucionar los problemas de este acuerdo.

Asimismo, las organizaciones ambientales y sociales apuntan al supuesto beneficio que podría suponer la firma de este acuerdo para España. Algo que ha quedado en entredicho con la publicación de un nuevo estudio encargado por UGT que revela los impactos del Acuerdo sobre la economía española.

Según el informe, «la firma del tratado comercial no sería beneficiosa para España. Siendo tan reducido el impacto sobre el empleo, y negativo en todo caso, cobran mucha más importancia las cuestiones relativas a la protección de las condiciones laborales (que podrían verse dañadas por la intensificación de la competencia a través de los precios) y medioambientales (que derivan de la intensificación del comercio de larga distancia y de la explotación agroforestal)».

Marta García Pallarés, portavoz de la campaña No a los TCI de Ecologistas en Acción: «Con esta acción la sociedad civil hemos querido denunciar, una vez más, la complicidad del Gobierno español en la deforestación de la Amazonía y la violación de los derechos humanos a través del apoyo al Acuerdo UE-Mercosur. Un país comprometido con la lucha contra la crisis climática o la pérdida de biodiversidad no puede dar la espalda a la realidad y firmar este tipo de acuerdos».