UGT prevé un nuevo retraso en el pago de las prestaciones del SEPE en Toledo por la no renovación de 19 trabajadores interinos

UGT Servicios Públicos ha denunciado la situación en la que se quedarán las oficinas del SEPE de la provincia de Toledo a partir de que el 1 de julio se vea reducida la plantilla en más de un 18%, una reducción que tiene su origen en la decisión de los ministerios de Función Pública y Política Territorial y de Hacienda de no prorrogar los nombramientos de los funcionarios y funcionarias interinas que han venido desempeñando funciones de reconocimiento de prestaciones dentro del organismo desde los meses de abril y septiembre de 2020 como consecuencia del aumento de la demanda de prestaciones por ERTE. En este sentido, el sindicato prevé que -debido a la no renovación de 19 interinos en la provincia- de nuevo haya retrasos en el pago de las prestaciones.

La Unión General de Trabajadores exige a la Administración la renovación de estos efectivos que califica de “imprescindibles” y que esta renovación se prolongue hasta que se doten las plazas por convocatorias de empleo público para así “poder dar un servicio rápido y eficaz, evitando atrasos, colas innecesarias y errores por la acumulación de expedientes”. Valora que esta decisión es una “falta de respeto y de reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la plantilla del SEPE”.

UGT pone de manifiesto que, a las necesidades que arrastra el Servicio Público de Empleo Estatal y que se vienen denunciando desde hace años (falta de plantilla, necesidad de adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo a las funciones, actualización de medios tecnológicos, modernización de oficinas, unificación de instrucciones y procedimientos…), se una ahora una decisión “lamentable, indignante y –desde el punto de vista de la atención a la ciudadanía- preocupante”.

Explica que el pasado día 22 de junio, durante la celebración de una reunión en la Mesa Delegada del SEPE, desde la Dirección General informaron de que tanto el Ministerio de Función Pública y Política Territorial como el de Hacienda habían decidido no prorrogar los nombramientos de 500 funcionarias y funcionarios interinos que llevaban desempeñando funciones de reconocimiento de prestaciones dentro del organismo desde los meses de abril y septiembre de 2020 como consecuencia del refuerzo que implica el aumento de la demanda de prestaciones por ERTE, una cifra a la que hay que sumar otros 635 ceses por el cumplimiento del máximo de duración del programa que se llevaba desarrollando desde el 2018.

Así, de una plantilla de unos 8.550 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, se pretende reducir unas 1.135 personas el día 30 de junio (y el 30 de septiembre otras 500 más), lo que implica un descenso de más del 19% del total del personal. En la provincia de Toledo, de una plantilla de 105 trabajadores y trabajadoras en las distintas oficinas se prescindirá a partir del 1 de julio de un total de 19.

Esta situación -junto al disfrute del período de vacaciones anuales del resto del personal o al incremento de demandantes de prestaciones por la finalización de los contratos de fijos discontinuos en sectores como la educación- “deja en la total impotencia a la plantilla para poder reconocer los derechos de la ciudadanía con la celeridad que requiere la prestación del servicio que tiene encomendado el SEPE y dificulta extremadamente la posibilidad de que los posibles beneficiarios y beneficiarias reciban el pago de sus prestaciones, se resuelvan las incidencias, las reclamaciones, etc. dentro de plazos determinados”.

“Desde el Ministerio de Trabajo se muestran sorprendidos por la decisión de los otros dos Ministerios (Función Pública y Hacienda), dado que conocen perfectamente la necesidad de personal que mantiene el SEPE y la acumulación de tareas que existe actualmente como consecuencia de la vigencia de los ERTE, las incidencias detectadas en la tramitación de los derechos reconocidos o pendientes de estudio… En los Presupuestos Generales del Estado se encuentra recogido el gasto que implica mantener la plantilla actual hasta el próximo día 31 de diciembre, lo que genera aún mayor indignación porque no implica un aumento de gasto presupuestado para afrontar la extremada carga de trabajo existente en el organismo”.