El PP de Azuqueca denuncia el “descontrol” de facturas sin pagar por el Gobierno municipal de José Luis Blanco

En ocho meses, ocho reconocimientos extrajudiciales de crédito en el Ayuntamiento de Azuqueca para hacer frente a cientos de facturas que tienen sin pagar, la mayoría de años anteriores y otras que tuvieron reparos de Intervención o se aprobaron omitiendo el trámite de fiscalización. “Así es como gestiona el Gobierno de José Luis Blanco el dinero de todos los azudenses. Un auténtico descontrol, que va a llevar al Ayuntamiento a la bancarrota”.

Es la denuncia pública del Grupo Popular Municipal, tras la aprobación en Junta de Gobierno de un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 254.501,32 euros, para poder pagar facturas pendientes a proveedores, algunas de los años 2018 y 2019, a abogados, sanidad, actividades culturales o servicios sociales.

Los concejales del PP no dicen que no haya que pagar esos servicios prestados al Ayuntamiento, lo que denuncian es “el desbarajuste en los pagos a proveedores, hasta el punto que cada mes aprueban una operación extrajudicial para abonar facturas atrasadas”.

En este sentido, apuntan que a finales de julio, el Gobierno de José Luis Blanco aprobaba en Junta de Gobierno otro reconocimiento extrajudicial de crédito (el séptimo en lo que va de año), por importe de 484.116,18 euros. Los datos se reflejan en un acta con más de 100 páginas dedicadas a enumerar las facturas sin pagar. Un mes antes, el 22 de junio, también en Junta de Gobierno, aprobaban otro reconocimiento extrajudicial de crédito (el número 6), por un total de 537.667,25 euros.

La crítica y la denuncia del Grupo Popular tiene que ver con el retraso en los pagos, con que “el Gobierno socialista ha convertido en habitual lo que debería ser una fórmula excepcional”: el reconocimiento extrajudicial de crédito. Piensan en el PP que ésta no es la mejor forma de gestionar los recursos públicos y, además, consideran que el retraso en los pagos puede poner en dificultades a los proveedores cuya situación económica sea complicada, que prestan un servicio que cobran meses, e incluso años, después.

Desde el PP señalan que entre las facturas que se pagan “tarde y mal”, hay nóminas a monitores contratados para actividades o talleres, facturas de luz y gas de los colegios y edificios municipales, teléfono, alquileres de una nave por la que el Ayuntamiento paga mensualmente más de 5.000 euros; una factura de 10.285 euros del año 2020, sobre un estudio urbanístico de El Foro; trabajos de limpieza de espacios públicos, compras en supermercado, productos sanitarios..., “cientos de facturas que el Ayuntamiento no ha pagado a su debido tiempo”.

Los ediles del Grupo Popular recuerdan que el reconocimiento extrajudicial de créditos “se configura como una excepción al principio de anualidad presupuestaria, o de temporali¬dad”. En esa línea, un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2018 sobre expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales ese año, incluye entre sus conclusiones que “el reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) se utiliza habitualmente para aplicar al presupuesto obligaciones derivadas de compromisos de gastos de ejercicios anteriores que no han sido debidamente adquiridos, tramitando así el pago de prestaciones a terceros que las han realizado por orden de la Administración, pero al margen, por diferentes motivos, del procedimiento legalmente establecido”.

Asimismo, este Tribunal insiste en que “las entidades locales deberían establecer los procedimientos necesarios para que se haga efectiva la exigencia de las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos de la Ley de Transparencia, de la Ley de Contratos o de la normativa presupuestaria de aplicación, que se concretan fundamentalmente en el compromiso de obligaciones adquiridas sin cobertura contractual o sin consignación presupuestaria”.

Con todo ello, desde el PP subrayan que “no es que sea ilegal, pero el reconocimiento extrajudicial de crédito debería ser una excepción, aunque en el Ayuntamiento de Azuqueca se ha convertido en la regla para pagar facturas atrasadas”.